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León

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Panorama | ANTONIO PAPELL

El ministro de Fomento abrió el jueves el melón de la fiscalidad al manifestar que el Gobierno no vería mal una subida de impuestos a quienes disfrutan de las rentas más altas para asistir a los más perjudicados por la crisis y combatir el déficit. Inmediatamente, el PP rechazó la propuesta y recordó sus tres recetas contra la recesión: austeridad pública, reformas estructurales profundas y bajadas de impuestos.

Esta toma de postura por parte de los dos grandes actores políticos españoles es el punto de partida de un debate que, en gran medida, no es ya ideológico. La profunda crisis que atravesamos, la más grave de la democracia, combatida por métodos keynesianos, está generando un elevado déficit que, según el propio Gobierno, puede llegar este año al 9,5% del PIB. Igual les ocurre a la mayoría de los países occidentales. Y es preciso embridar este desequilibrio a medio plazo, no sólo para cumplir el pacto europeo de estabilidad, sino para sanear nuestra economía. En consecuencia, la subida de impuestos y el recorte de exenciones y desgravaciones no son una opción, sino una necesidad, como ha reconocido el FMI, entre otras instituciones económicas de peso.

Pero no es fácil aplicar esta lógica del reequilibrio de las cuentas públicas. Porque como el Banco de España ha manifestado, las subidas futuras de impuestos

Se trata, en fin, de algo tan difícil como la cuadratura del círculo: recaudar más sin lastrar la recuperación económica.

La gravedad de la situación obliga sin embargo al realismo. Y conviene recordar que la moderna socialdemocracia ya abandonó hace tiempo la pretensión inviable de redistribuir la renta mediante el IRPF (la igualdad en el origen se consigue mejor mediante la universalidad de los servicios públicos fundamentales). En efecto, sólo el 3% de los contribuyentes declara rentas superiores a los 60.000 euros y el 20%, más de 30.000. Los ricos atesoran su capital mediante sociedades interpuestas o, lo que es aún más escandaloso, a través de sociedades de renta variable que tributan al 1%. En consecuencia, una subida del IRPF perjudicaría irremisiblemente a las clases medias asalariadas, que bastante han padecido los efectos de la recesión. La llamada -˜progresividad fiscal-™, reclamada todavía por los sindicatos y por la izquierda más apolillada del país, es, en definitiva, un castigo a las capas intermedias de la población, que son las únicas completamente transparentes al escrutinio de la Hacienda Pública.

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En Occidente no hay unanimidad de criterio sobre las pautas fiscales que hay que aplicar a la crisis: Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda, países con déficit elevados, han subido impuestos; Alemania, en año electoral, va a bajarlos, y Sarkozy se niega a subirlos. En definitiva, las recetas aplicadas en el contexto internacional son muy diversas, por lo que convendría aquí recurrir una vez más al pragmatismo, sobre las pautas de la ortodoxia y el rigor. Como regla de oro, los Presupuestos 2010 deberían ser un modelo de austeridad y la subida de impuestos habría de ser la menor posible, centrada en aquellos tributos que menos interfieran en la recuperación.