Reformas para la austeridad

Publicado por

León

Creado: 27.08.2009 | 05:32

Actualizado: 27.08.2009 | 05:32

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Panorama | antonio papell

Haciendo abstracción de lo referente al grado de cohesión interna de nuestro país, que es evidentemente opinable y que requeriría otro debate, parece indudable que el modelo de organización territorial que nos hemos da do es, en sí mismo, muy oneroso: los tres niveles de administración producen frecuentes duplicaciones, y el hecho de que no siempre exista una correspondencia entre ingresos obtenidos y gastos realizados genera despilfarro. Nuestras comunidades han disparado siempre con pólvora del rey (el Estado), puesto que en buena parte beben de la fuente aparentemente inagotable de la Hacienda estatal. En cualquier caso, los contribuyentes no perciben una relación clara entre los tributos que pagan y los retornos que reciben.

Ello ha producido crecimientos irracionales de las burocracias y, consiguientemente, del gasto público. Durante 2008, según la última EPA del 2008, el número total de funcionarios creció en 116.200 personas. Y según un estudio de Fomento de Trabajo Nacional de 2007 que analiza el período 1998-2007, en el curso de dicha década el número de funcionarios autonómicos se multiplicó casi por dos (creció un 92%). Igualmente, en el plano institucional, habría que ver con frialdad si tiene sentido mantener diecisiete parlamentos formados por políticos profesionales con dedicación exclusiva, y con el consiguiente aparato administrativo de respaldo. Y si los gobiernos regionales no son en muchos casos maquinarias excesivas para la gestión que deben desempeñar. Y si en el terreno municipal, donde también la política se ha profesionalizado, no habría que regresar en los pueblos pequeños a modelos más modestos, en que los concejales se sientan pagados con el privilegio de representar a la comunidad.

En definitiva, nuestro aparato público, con tres millones de funcionarios, representa el 18,6% de la masa laboral de este país y se come el 10,2 del PIB. Andalucía tiene 490.000 funcionarios; Madrid, 415.000. Pero no sólo en este capítulo básico se han cometido excesos: las autonomías tienen pretensiones estatales infundadas, y las demuestran. Las representaciones de las regiones españolas en el exterior -”y no sólo de las comunidades históricas-” ya eclipsan en muchos casos el Servicio Exterior del Estado. Y ello a pesar de que el artículo 149 de la Constitución dispone taxativamente que el Estado tenga competencia exclusiva en las relaciones internacionales. En otros capítulos institucionales, la duplicación es también evidente: muchas comunidades tienen

del pueblo, del menor, etc., cuando la Constitución apenas dibuja una única institución estatal. En épocas de crecimiento acelerado, estos dispendios se hacen menos insoportables. Pero cuando llegan momentos de recesión y crisis, la dilapidación de recursos públicos, a veces instada por las presiones nacionalistas, a veces tan sólo por puro sentido de la ostentación, se vuelve aparatosamente absurda. Evidentemente, la vuelta atrás en estos asuntos es muy dificultosa porque las inercias ya se han consolidado y los nacionalismos periféricos pondrían el grito en el cielo. Pero en algún momento tendremos que preguntarnos si este país, que no pasa de ser una potencia media, puede permitirse tantas alegrías, y no necesariamente para conseguir una mejor administración de los asuntos públicos sino al contrario.