Un pacto con riesgo
El corro | pedro vicente
Tras varias semanas de discreta negociación, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario autonómico del PSOE, Óscar López, han dado a conocer un pacto para impulsar el Plan de Convergencia Interior de Castilla y León. El acuerdo establece los criterios para la distribución de los fondos (300 millones de euros en cada una de las tres próximas anualidades) y contempla una comisión de seguimiento constituida de forma bipartita.
Este carácter bipartito no responde a una concesión graciosa por parte de la Junta, sino al compromiso del gobierno central de cofinanciar al 50 por ciento dicho Plan durante el próximo trienio, de forma que a lo largo de ese periodo cada una de las dos administraciones aportará 450 millones de euros. Mediante ese compromiso -dicen que arrancado por Herrera a Zapatero cuando se negoció el nuevo modelo de financiación autonómica- el PCI, cuya aplicación era de exclusiva competencia del gobierno autonómico, pasará a ser una actuación plenamente concertada entre la Junta y el gobierno Zapatero. Conocidos los crecientes y alarmantes desequilibrios territoriales y demográficos entre provincias y comarcas de Castilla y León, el acuerdo resulta alentador, tanto por la duplicación de los fondos como por el enfoque común para combatir uno de los principales problemas estructurales que aquejan a esta comunidad autónoma.
La puesta en marcha del PCI en el presente año 2009 había resultado doblemente decepcionante. De una parte por su exigua cuantía (125 millones de euros); de otra, por no atenerse a su fin estatutario, habiendo sido convertido en una especie de apéndice del Plan E de Zapatero, como de hecho reconocía Óscar López en entrevista publicada el pasado domingo en este diario. El riesgo del Plan de Convergencia es que pueda ser utilizado por la Junta para justificar un recorte paralelo en las inversiones a presupuestar para el 2010. A fecha de hoy seguimos sin saber si los próximos Presupuestos de la Comunidad se congelarán o crecerán respecto a los del 2009. Tampoco se ha cuantificado en qué medida se recurrirá a la emisión de deuda pública, recurso absolutamente imprescindible, no ya para incrementar la partida de ingresos sino simplemente para mantenerla. El presidente de la Junta y la consejera de Hacienda han insistido reiteradamente en que no habrá ningún recorte en el «gasto social». Eso se daba por descontado. Es más, lejos de permanecer en los niveles de hace un año, ese «gasto social» ha de incrementarse a causa de nuevas prestaciones no contempladas en los anteriores Presupuestos, tales como el subsidio de 420 euros a los parados de larga duración y la Renta Garantizada de Ciudadanía a regular en cumplimiento del Estatuto de Autonomía.
¿Cuál puede ser punto negro de los Presupuestos de la Comunidad para el 2009? A tenor de lo adelantado por la propia consejera de Hacienda, que se reduzca el capítulo inversor prácticamente en todas las consejerías. Y la coartada para justificar el recorte inversor serían precisamente los 300 millones del PCI. Si esto se confirmara, estaríamos desnudando unos santos para vestir otros. Que es una curiosa forma de no resolver nada.