Democracia corrompida

Panorama | antonio papell

Benidorm, la gran urbe turística surgida de la primera etapa desarrollista, está siendo, seguramente a su pesar, el recurrente símbolo de las deficiencias democráticas de nuestro país. En ella se han condensado todas las esencias de la especulación urbanística, que a su vez ha desencadenado sucesivas manifestaciones de la peor degradación política. Porque el episodio de transfuguismo que ayer llegó al cenit no es nuevo: en 1991, el popular Eduardo Zaplana, después presidente de la Comunidad Valenciana y ministro de Aznar, alcanzó la alcaldía de la localidad, trampolín de su ulterior carrera política, gracias al voto tránsfuga de una concejal socialista, Maruja Sánchez, quien, por cierto, obtuvo por este medio un cargo vitalicio en el ayuntamiento. De nuevo y como en 1991, fue violentada, violada, la voluntad popular en la ciudad alicantina. La traición de un sujeto a la decisión de los electores ha posibilitado el cambio de signo del gobierno municipal. Y lo grave del caso es que el consiguiente revuelo se ha centrado más en lo accesorio que en lo fundamental. Lo relevante del caso parece ser que una de las concejalas socialistas que ha ocupado el poder sea madre de la secretaria de organización del PSOE, lo que daría pie a pensar que no va a respetarse el pacto contra el transfuguismo, que, en su última versión, obliga a este partido a expulsar a los transgresores e impedir en todo caso que figuren como candidatos en las próximas listas electorales (como es conocido, todos ellos han pedido la baja en el Partido Socialista). Por lo demás, la crisis de Benidorm está poniendo de relieve las fisuras del PP en la comunidad autónoma, dado que el descabalgado alcalde de la localidad, Pérez Fenoll, fue el candidato del presidente Camps para desbancar de la diputación provincial a José Joaquín Ripoll, último «zaplanista» que permanece en cargos de importancia. Pero si se hurga en todo este deprimente espectáculo, se prescinde de lo que tiene folklórico y farandulero y se llega al meollo del acontecimiento, lo que queda es el frío elemento numérico que tasa la voluntad popular. El 27 de mayo de 2007, los ciudadanos de la localidad decidieron libérrimamente que el PP debía gobernar la ciudad con mayoría absoluta (obtuvo 12.487 votos, el 49,03%, frente a 11.127, el 43,69% del PSOE). Frustrar este designio es una decisión políticamente detestable, comparable a un golpe de Estado. Y ningún argumento utilitarista puede desactivar este juicio de valor: ni la mala gestión de quien tiene el poder, ni la pretendida y vehemente voluntad de cambio de una parte de la opinión pública ni mucho menos el interés general pueden ser esgrimidos legítimamente para justificar lo injustificable. Y sin embargo, la respuesta del partido socialista ha sido tibia: formalmente, se han cumplido los términos del pacto antiterrorista y tanto Ferraz como el PSPV han desautorizado a los tránsfugas. Pero ayer asistieron al pleno que consolidó la felonía los alcaldes socialistas de varias localidades valencianas y no se ha producido -“y esto es lo más grave- la declaración terminante de condena de lo ocurrido a cargo del presidente del Gobierno, que es también secretario general del PSOE. Alguno dirá que lo que ocurre en el ámbito municipal y espeso no es políticamente relevante porque, a este nivel, no circulan tanto las ideas como los intereses. En absoluto: en democracia, las ideas son tan importantes como las formas. Lo ocurrido es vergonzante e indecoroso.