El fraude y la crisis
Panorama | antonio papell
Las estadísticas sobre la crisis que se publican periódicamente acreditan crecientes descensos de la recaudación fiscal, que son de largo muy superiores a la caída de la actividad. Lo que indica que el fraude fiscal, que en España tiene una abultada dimensión que puede calificarse de estructural, se ha incrementado todavía más por causa de la recesión. De este asunto se habla en voz baja en los mentideros políticos, como si un poco comprensible pudor impidiera abordar el problema con la intensidad debida. En nuestro país, en el que la llamada conciencia fiscal no siempre acompaña a las convicciones democráticas, la existencia de una vasta economía sumergida es un sobreentendido que ningún gobierno ha querido abordar. Aunque, como es natural, no hay datos fiables al respecto, los expertos aseguran que en torno del 23% de la economía real -”más de 200.000 millones de euros-” está al margen del control de Hacienda (el porcentaje no supera el 13% de media en la UE). Esta zona de sombra puede haber crecido sensiblemente en nuestro país con la llegada de fuertes contingentes de emigración irregular y, en los últimos tiempos, por el paso de actividades regladas a subterráneas para poder sobrevivir a la crisis. En definitiva, el monto dinerario de esta evasión es tan exorbitante que produce incredulidad, pero los técnicos fiscales están convencidos de que, también en la actual coyuntura, si no hubiera fraude tendríamos incluso superávit público.
Es cierto -”y esto es lo grave-” que esta situación de relativo descontrol permite la supervivencia de actividades precarias que no sobrevivirían si afloraran fiscalmente. En otras palabras, si Hacienda extremara su celo y llegara hasta a los últimos rincones del tejido económico, desaparecerían sectores enteros y el desempleo se dispararía todavía más. Quizá no sea, pues, el momento de apretar las tuercas fiscales indiscriminadamente pero ello no justifica que nuestra Agencia Tributaria mantenga su proverbial indolencia.
Este estado de cosas plantea una cuestión interesante: la de si no sería más eficaz y más justo incrementar la lucha contra el fraude que subir los impuestos para combatir el déficit. Se ha dicho, con cierto desparpajo analítico pero con indudable realismo, que la prevista subida del IVA en julio generará un incremento del fraude por lo que es probable que ni siquiera suba por este medio la recaudación. ¿No hubiera sido más acertado, entonces, dejar el IVA en sus niveles actuales y emprender una intensa campaña contra la defraudación fiscal, centrada en la inspección de las grandes fortunas, en la detección de facturas falsas, y en el afloramiento de innumerables actividades y servicios que, por simple codicia, tienen lugar al margen del sistema?
Las posibilidades que ofrece esta opción son muy cuantiosas: el sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía, que recuerda que la cuarta parte de los billetes de 500 euros existentes en la Unión Europea están en España, aporta datos que dan idea de lo que podría conseguirse: según estos expertos, si se permitiera a los 8.000 técnicos de Hacienda la inspección y el control de las grandes fortunas, se podría recaudar sólo por este concepto unos 21.000 millones de euros anuales. Desde los tiempos ya lejanos de Borrell en la secretaría de Estado de Hacienda, se ha detectado una relajación en el control fiscal, que debería ser estricto por razones obvias de equidad.