Excusas de mal pagador
El corro | pedro vicente
Una de las pocas noticias positivas del curso político era que la Junta y el gobierno central irían de la mano en el Plan de Convergencia Interior de Castilla y León. Aunque dicho plan es competencia de la Junta, el acuerdo consistía en que el Gobierno central lo cofinanciaría al 50 por ciento en los tres próximos años, lo que permitía elevar los recursos destinados al mismo hasta 300 millones de euros en cada una de las tres próximas anuali dades.
La Junta alega ahora que el Gobierno Zapatero no ha cumplido el trato, al presupuestar únicamente 75 millones de euros, sin que los otros 75 se visualicen por ningún lado. Por su parte, los socialistas aseguran que el Gobierno central tiene presupuestados los 150 millones, a la vez que discrepan de la decisión de la Junta de gestionar la mitad de su inversión a través de varias empresas públicas en detrimento del papel de las consejerías. Visto lo cual, aunque se recomponga el acuerdo político, subsistirá un fraccionamiento presupuestario que en la práctica hace inviable la gestión unificada de dichos fondos.
En cualquier caso, puesto que se trata de un mandato del Estatuto de Autonomía que compete exclusivamente al gobierno autonómico, la Junta no puede refugiarse en ningún incumplimiento de otra administración para mantener en suspenso el Plan de Convergencia. Si otras administraciones colaboran, mejor que mejor, pero si no lo hacen ello no exime al gobierno autonómico de cumplir su obligación, que es afrontar el Plan con sus propios recursos, en este caso los 150 millones de euros consignados al efecto en los Presupuestos de la Comunidad. No hay excusas por tanto para paralizar su puesta en marcha. El gobierno Herrera debe ponerse a trabajar de inmediato para programar esas inversiones de acuerdo con lo que manda el Estatuto. Y hacerlo con más diligencia y rigor que durante el primer año del Plan, en el que, por falta de planificación, los 125 millones de euros se han distribuido horizontalmente en las nueve provincias de la Comunidad. Algo muy parecido puede decirse respecto a la Renta Garantizada de Ciudadanía, la nueva prestación social recogida en el Estatuto de Autonomía, cuya regulación se está demorando sin ninguna justificación, con el consiguiente incumplimiento del compromiso del presidente Herrera, que se había dado de plazo la fecha del 30 de julio para su aprobación. No cabe escudarse en la falta de acuerdo en el seno del Consejo de Diálogo Social para demorar sine die ese compromiso social. La Junta tiene que establecer un plazo para ese acuerdo y aprobar dicha prestación con ese consenso o sin él, comprometiéndose en todo caso a abonarla con efectos retroactivos (que, si vale la palabra del presidente, debieran ser desde el 30 de julio). Dilatar su aprobación con el pretexto de la falta de acuerdo con los agentes sociales es simplemente una excusa de mal pagador.
A lo que ha puesto fecha el presidente de la Junta es a la Agenda de la Población, que será presentada en el mes de febrero. Ello significa que los Presupuestos de la Comunidad para el 2010 se aprobarán sin que dicha Agenda exista, lo cual da idea del grado de compromiso con que se afronta.