Diario de León
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El corro | pedro vicente

Desde que arrancó la Autonomía de Castilla y León el «contencioso leonés» -”entendido como la desafección, en mayor o menor grado, de la población leonesa hacia la comunidad autónoma-” ha sido un grano más o menos molesto sobrellevado sin mayor trauma por las instituciones autonómicas. Aunque dicha desafección no ha remitido entre los ciudadanos, en el plano político la paulatina descomposición de su expresión más genuina, la UPL, ha contribuido a minimizar el problema desde el punto de vista institucional. Amenazas como la de celebrar un referéndum a la catalana no causan a estas alturas ninguna inquietud en Valladolid, donde por cierto los dos procuradores elegidos bajo las siglas leonesistas, singularmente Joaquín Otero, flirtean últimamente sin mucho disimulo con el Partido Popular. Y la declaración del alcalde de León a favor de dicha consulta se toma como lo que es: una palmadita en la espalda a sus socios de gobierno en el Ayuntamiento y un guiño más a ese electorado leonesista que ha perdido su referente político. A la hora de la verdad, como bien se comprobó con ocasión de la última reforma del Estatuto de Autonomía, la deriva leonesista de los socialistas leoneses responde a un oportunismo huero que en ningún caso pone en peligro la integridad territorial de la actual comunidad autónoma.

El problema con que se está encontrando la Junta es que el desapego ciudadano hacia las instituciones autonómicas se está extendiendo como una mancha de aceite a lo largo y lo ancho de la comunidad. El sentimiento de agravio ante el «centralismo vallisoletano» está prendiendo cada día con mayor fuerza en todas las demás provincias, en alguna de ellas tanto o más que en la de León. Es el caso -”realmente llamativo por tratarse de la provincia natal y circunscripción electoral del presidente Herrera-” de Burgos, donde miles de ciudadanos salieron a la calle la pasada semana en protesta por la política sanitaria de la Junta. Y no es la primera vez que los paisanos del presidente se manifiestan contra el gobierno autonómico; ocurrió lo mismo el pasado año, entonces en defensa de la autonomía de las dos cajas de ahorro burgalesas. El pretendido reforzamiento del músculo financiero de momento lo único que ha conseguido es dejar en evidencia la flacidez del músculo político de una comunidad que, lejos de avanzar en su vertebración política y social, se muestra cada vez más desestructurada. La insolvencia política de los actuales gobernantes autonómicos ha propiciado un rearme provincial que imposibilita cualquier proyecto de comunidad.

A tal punto se está extendiendo el malestar que puede que León sea en estos momentos una de las provincias menos contestatarias con la Junta. De hecho, en el asunto de las Cajas está siendo la más receptiva a su estrategia, en contraste con la insumisión de Caja Burgos -”embarcada ahora en una fusión virtual con cajas de otras tres comunidades autónomas-” y el pasotismo de Caja Segovia y Caja Ávila. Algo se debe estar haciendo mal para que el recelo hacia el «centralismo vallisoletano» haya dejado de ser una cantinela leonesa.

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