Cuenta atrás para la nueva ley Sinde

Habrá ley reguladora de las descargas en internet. No será la Ley Sinde que conocemos, tumbada sin piedad en el Congreso y que los internautas declararon primero «inaceptable» y luego «difunta». De sus cenizas surgirá un nuevo texto legal, una suerte de Ley Sinde 2.0 sobre la que trabaja ya el Gobierno. Juristas y negociadores de los grupos socialista y popular buscan puntos de encuentro en pos de un consenso al que se sumen los minoritarios.

El acuerdo será la base de una legislación que acabe con la filosofía del todo gratis en la red y ponga coto la barra libre en internet. Más ahora que ha cambiado la percepción y la sensibilidad sobre el tema, tras producirse una situación que no satisface ni convence a nadie. Y es que la misma norma que se llegó a ver como una restricción en las libertades individuales en la red, se empieza a ver ahora con otros ojos. La partida decisiva se jugará en las Cámaras cuando a mediados de enero se reanude el curso parlamentario. Para entonces sus señorías se habrán mirado de nuevo en el espejo de las leyes que en medio mundo han tratado, con desigual fortuna y criterio, de poner algo de orden en el resbaladizo territorio de las descargas y los intercambios de archivos digitales entre particulares.

El camino hacia el consenso lo allanó el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, que tendió un puente entre creadores e internautas y responsables de páginas de intercambio de archivos, a quienes recibió el jueves en la Academia de Cine. Concluyeron que es primordial «ceder por ambas partes» y «cambiar las reglas de juego» para que en un nuevo tablero los creadores puedan explotar su trabajo en la red y los internautas acceder a él «a un precio razonable». «Todos estamos de acuerdo en que el gratis total es imposible» resumía el presidente de los cineastas, dispuesto a trasladar las inquietudes y los acuerdos de ambos sectores a la tocada ministra del ramo, Ángeles González-Sinde.

La clave estará en las garantías judiciales que establezca la ley para la clausura de páginas web que oferten contenidos no autorizados: películas, música, libros, o series de televisión sujetas a derechos de autor y para cuya explotación carecen de licencia. En el posible cierre de esas páginas radica la mayor discrepancia entre el Gobierno, que propone una acción rápida una vez que la petición del juez llegue a la Audiencia, y el PP, que apuesta por recurrir a una nueva instancia judicial, lo que supondría alargar el proceso y cargar contra el punto débil de creadores de películas, discos o libros, que ven desesperados como proliferan los enlaces para bajar «por la patilla» sus productos el mismo día que llegan al mercado.

Sabemos ya que la Ley Sinde 2.0 que propondrá el Gobierno no quiere cargar las culpas en el usuario, al estilo de la ley francesa y como demandan algunos colectivos de creadores. Que tampoco quiere apostar por la judicialización y que no contemplará la supresión del canon digital, exigencia del PP que forzó la rotura in extremis de la primera negociación en el congreso. Otros temas candentes son la introducción de una instancia de arbitraje y la adecuación de nuestras normas a la legislación europea en el tema del canon digital. El acuerdo parece posible desde la perspectiva de un pacto de Estado, según anticiparon el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Jáuregui habló de un «clima favorable» y de un pacto «factible» mientras que Rajoy, tras leer la cartilla a los socialistas por las prisas, reclamó «un interlocutor del PSOE, el que sea, para sentarnos y discutir». Ese interlocutor no es otro que José Enrique Serrano, muy próximo a Zapatero.