Aprobado el proyecto de ley que deja a los enfermos decidir sobre su final

El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, conocida como Ley de Muerte Digna, que fue remitido a Las Cortes para someterse al debate parlamentario. Los objetivos fundamentales de esta iniciativa, según la referencia del Consejo de Ministros, son asegurar la protección de la dignidad de los enfermos que se encuentran en fase terminal o de agonía y garantizar, en esos momentos, el pleno respeto de su libre voluntad sobre los tratamientos que tengan que recibir. A su vez, el cumplimiento de lo que decida el paciente sobre esta cuestión excluirá cualquier exigencia de responsabilidad de los profesionales sanitarios por sus correspondientes actuaciones.

La ley prevé, además, que los comités de ética asistencial existentes en los centros sanitarios puedan acordar protocolos de actuación. Así, el personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación del paciente y evitará la adopción o mantenimiento de intervenciones de soporte vital carentes de utilidad clínica sin menoscabo del bienestar del afectado. La adecuación del esfuerzo terapéutico requerirá del juicio coincidente de, al menos, otro médico que participe en la atención sanitaria y se adoptará tras informar al paciente o a su representante, y teniendo en cuenta su voluntad y el criterio profesional del personal de enfermería responsable de los cuidados. En la norma se recogen otros derechos como el de recibir cuidados paliativos, incluida la sedación para no sufrir dolor, y a que se preserve la intimidad del hospitalizado y la de su familia. El enfermo podrá estar acompañado y se le permitirá recibir auxilio espiritual.