El número de quejas ante el Defensor del Pueblo aumentó un 56% en el 2012
La supresión de la paga extra y los recortes en Sanidad, los motivos principales.
Las quejas ante el Defensor del Pueblo crecieron en el 2012 un 56% respecto al 2011, según recoge la Memoria Anual presentada ayer en el Parlamento por la titular de la institución, Soledad Becerril, quien reclamó reformas y acuerdos para restaurar la confianza en las instituciones.
La Defensora entregó en el Congreso y en el Senado la Memoria Anual de la institución, que gestionó 280.592 expedientes en el 2012, una cifra que se ha disparado por el gran número de escritos presentados por la supresión de la paga extra de los funcionarios y en relación con los recortes aplicados en política sanitaria.
El número de quejas recibidas por el Defensor fueron 33.478 —21.420 en el año 2011—, lo que supone un incremento del 56%, y además la institución realizó 371 investigaciones de oficio —506 en el año anterior—.
Las cifras se elevan en el registro de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad —246.743 en el 2012, en el 2011 hubo 2.455—, en el que se incluyen firmas de personas afectadas por la reforma sanitaria, la modificación de las retribuciones del personal al servicio del sector público, los cambios en la ley de dependencia y beneficiarios de la Renta Activa de Inserción.
En economía y finanzas, el defensor considera que las decisiones adoptadas por el Gobierno sobre los desahucios han sido «puntuales y sin la búsqueda de una solución global» y pide un marco legal «menos gravoso» para evitar la pérdida de la vivienda. El informe insiste en sus reclamaciones de mejora del sistema de subastas, la limitación de los intereses moratorios y mejoras en la transparencia de la comercialización de hipotecas.
El Defensor del Pueblo constató el cambio de perfil de las personas que ocupan una vivienda, puesto que ya comienzan a aparecer familias estructuradas que han sido desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres. Además, el número de quejas remitidas a la institución relacionadas con la supresión de la renta básica de emancipación de los jóvenes y las demoras en el pago se dispararon un 73%.
Mientras, en Sanidad en este ámbito, las quejas recibidas por la institución —6.743— tienen que ver con la reducción de prestaciones sanitarias, la exclusión de colectivos del ámbito de protección de la sanidad pública, la financiación de medicamentos y la supresión de centros de urgencia en atención primaria, entre otras. Mientras, ante las 243.698 solicitudes contra la supresión de la paga extra de los funcionarios para que la institución recurriera ante el TC esta medida, la Defensora insta al Gobierno a reconocer y a abonar la mitad de esa paga a los empleados públicos, ya que ese acuerdo se adoptó en julio.
Asimismo, el defensor constata el aumento de quejas derivadas de la actuación policial en manifestaciones, al tiempo que critica las «escasas» investigaciones abiertas para determinar si los agentes se han extralimitado en el ejercicio de sus funciones.