UE JUSTICIA
La UE ahorrará 48 millones euros con nuevas normas de resoluciones judiciales
Los consumidores y los trabajadores además estarán mejor protegidos en los litigios que impliquen a países de fuera de la UE
La Unión Europea (UE) ahorrará hasta 48 millones de euros con la aplicación a partir de mañana de las nuevas normas europeas sobre resoluciones judiciales transfronterizas, informó hoy la Comisión Europea (CE).
El Ejecutivo comunitario explica en un comunicado que la legislación que entrará en vigor mañana está dirigida a facilitar la resolución de litigios transfronterizos para empresas y consumidores. La nueva normativa suprime los costosos y prolijos procedimientos para obtener el reconocimiento en otros países de la UE de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que en la actualidad suman los 10.000 por año.
Estas resoluciones transfronterizas tendrán automáticamente fuerza ejecutiva en todo el territorio de la UE. Los consumidores también estarán mejor protegidos cuando compren a entidades comerciales de fuera de la UE y las empresas disfrutarán de mayor seguridad jurídica cuando hagan negocios en cualquier punto de la Unión, asegura la Comisión.
"Estas nuevas normas podrían suponer un ahorro de entre 2.000 y 12.000 euros para cada caso individual", sostiene la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova. "Esta medida constituye un cambio significativo, en particular para las pequeñas y medianas empresas, y creará muchas más oportunidades para las empresas en toda Europa", añade.
A partir de mañana, una resolución judicial ejecutoria en asuntos civiles y mercantiles en un Estado miembro tendrá automáticamente fuerza ejecutiva en cualquier lugar de la UE. Por otro lado, cualquier resolución que se dicte en un país de la UE, el acreedor estará en condiciones de hacerla ejecutiva en cualquier otro, lo que significa que empresas y ciudadanos podrán recuperar su dinero de forma más rápida, sencilla y gratuita.
Los consumidores y los trabajadores además estarán mejor protegidos en los litigios que impliquen a países de fuera de la UE, ya que hasta ahora los consumidores no siempre podían ejercer sus derechos a la hora de adquirir mercancías de entidades comerciales de fuera de la UE. Las nuevas normas también permitirán a los empleados que trabajan en la UE emprender acciones judiciales contra sus empleadores situados en un país no perteneciente a la UE ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que trabajan habitualmente.
También aumentará la seguridad jurídica en relación con los acuerdos entre empresas para la elección de los órganos jurisdiccionales competentes.