El Gobierno lleva al límite su disputa en Cataluña por la educación en español
La Abogacía del Estado recurre el formulario de preinscripción y de matrícula.
Wert, en el campeonato nacional de FP.
El conflicto por cuántas clases en castellano deben impartirse en los colegios catalanes ha llegado a los tribunales. Ayer, la Abogacía del Estado recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a instancias del Ministerio de Educación, el formulario de preinscripción y matrícula en escuelas financiadas con fondos públicos de la Generalitat. Consideran que estos documentos vulneran la ley porque no ofrecen a las familias la posibilidad de decidir cuál debe ser la lengua vehicular de la educación de sus hijos.
Con este movimiento solicitan, de forma cautelar, la apertura de un nuevo plazo a las inscripciones para el próximo curso que contemple el castellano como opción. La medida puede afectar al millón y medio de estudiantes que empezarán las clases en un centro público o concertado en Cataluña el próximo septiembre. O tal vez a ninguno. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, afirmó ayer que «el recurso no pretende anular la matriculación que ya se ha hecho, que es perfectamente válida, ni afectar al proceso de matriculación». Solo busca, aseveró, abrir un plazo adicional para que las familias que desean que sus hijos estudien en castellano «puedan hacerlo». De momento, según el Gobierno, la Generalitat cuenta con una semana para presentar sus alegaciones al recurso del Gobierno ante el TSJC.
La consejera de Educación del ejecutivo catalán, Irene Rigau, respondió al Ministerio y aseguró que la medida corresponde «al último intento de acabar con el modelo lingüístico catalán, aunque sea provocando una inseguridad jurídica a las familias catalanas por intereses puramente partidistas». Pese a que el formulario de preinscripción y matrícula no ha cambiado respecto a años anteriores, es la primera vez que el Ejecutivo toma medidas judiciales contra él.
Unos y otros
«El formulario de inscripción no contempla una casilla donde las familias puedan elegir el castellano como lengua vehicular», aseguró ayer, en un comunicado en vídeo, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, para justificar la actuación de la Abogacía del Estado. El documento de matrícula para el próximo curso —como todos los anteriores— no contempla la elección de un idioma principal de estudio, pero sí recoge la lengua materna del alumno. «A aquellos alumnos que manifiestan que es el castellano se les indica que recibirán atención individualizada, una medida que va contra la normativa vigente», aclaró Gomendio. El resto de comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales, aseguró, han encontrado fórmulas para que los estudiantes y sus familias puedan elegir la lengua principal de su formación académica.
La mayoría de competencias educativas son de las autonomías, incluida la de elaborar los programas de estudios.