Diario de León

Locomotoras en dique seco

Un grupo de críticos de Alaf ha pedido la revocación de la junta directiva. Critican su inacción para lograr un museo que proteja y dé proyección a las joyas históricas que atesoran, denuncian que las máquinas BIC no han pasado los visados y advierten de que nadie se ha ocupado de revisar la obras de desmontaje de la marquesina de León..

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cristina fanjul | león

«Inmovilismo». Con este adjetivo describe la actividad de la asociación de Amigos del Ferrocarril (Alaf) uno de sus miembros. La situación de esta entidad sin ánimo de lucro y con más de 25 años de historia es crítica. Tanto que el número de socios se ha reducido a la mitad en los últimos años. «En el mes de agosto convocamos una asamblea extraordinaria para cambiar la junta directiva que a día de hoy no se ha reunido», denuncia Marcelino García, uno de los miembros críticos de la asociación. Añade que la ley exige que se hubiera convocado a los dos meses. Este periódico ha intentado sin éxito conocer la posición del presidente, Buenaventura Durruti, pero éste ha preferido no hacer declaraciones.

García advierte, por ejemplo, de que la directiva no ha hecho ni una sola propuesta en los últimos años para proyectar el Museo del Ferrocarril, una infraestructura con la que cuentan la mayoría de ciudades españolas y que demuestra, en su opinión, «una clara dejación de funciones». «Hay material, hay medios y financiación para hacerlo, pero hay que desbloquerarlo», exige. Además, advierte de que si se deja pasar el tiempo y finalizan las obras de Feve y el soterramiento, puede que se pierda la posibilidad de sacar adelante el plan. Añade que la posibilidad de encontrar un espacio en el que instalar el museo será una tarea complicada, al tiempo que subraya que este lugar requiere de unas condiciones especiales. Necesita, por ejemplo, conexión con la vía férrea, un detalle de suma importancia si lo que se busca es que las máquinas, coches y locomotoras tengan vida fuera del museo.

Visados

«Este año no ha habido actividad alguna y lo peor es que durante los últimos no se han realizado las revisiones necesarias para dar el visado a la Mikado y la Inglesa 7766, ambas declaradas Bien de Interés Cultural». Con todo ello, y según sostiene Marcelino García, se ha perdido la posibilidad de hacer trenes. «Han dimitido cuatro miembros de la junta directiva y sólo quedan jubilados, que no quieren hacer nada», afirma otro de los integrantes de la asociación. Explica que su «dejadez» ha llegado al punto de perder la posibilidad de contar con tres trabajadores del CIS (Centro de Inserción sociolaboral) para realizar labores de mantenimiento en la asociación. «Alguien tenía que estar a su cargo y ninguno de ellos quería, con lo que renunciaron alegando que ninguna aseguradora quería hacerse cargo», lamenta. Sin embargo, la realidad es que hay varias asociaciones que disponen de esta ayuda de los internos de Villahierro en las que éstos sí están asegurados.

Los socios descontentos con la gestión de Durruti defienden que no se ha realizado ninguno de los proyectos comprometidos. A la ausencia de un proyecto para el eventual museo se unen las labores sobre coches y locomotoras, necesarias para mantener los vehículos en condiciones tanto materiales como burocráticas. «Tampoco se ha logrado un espacio en el que acceder y disponer de medios para restaurar y mantener el material», afirma Marcelino García, que alerta de que no se han realizado las obras en la casilla para reparar el tejado y adecentar el interior ni se dispone de la maqueta comprometida.

SOTERRAMIENTO

Marcelino García denuncia asimismo que la asociación no ha revisado los trabajos de desmontaje de la marquesina de León. «Nadie fue a ver el proyecto de soterramiento en el periodo de información pública», se queja, mientras añade que en los últimos cuatro o cinco años ningún miembro de la junta ha presentado una sola idea, una situación que ha provocado que de 600 socios que tenía la asociación haya menos de 300 en la actualidad. Por todo ello, el pasado dos de enero, los críticos enviaban un burofax al presidente de Alaf, Buenaventura Durruti, con el fin de requerirle que en el plazo de quince días convoque una asamblea extraordinaria para nombrar una nueva junta directiva y revocar la anterior. «De lo contrario, se acudirá a los tribunales, «sin descartar a su vez acudir a la vía judicial en reclamación a la junta directiva por el incumplimiento de sus deberes legales y de los gastos innecesarios que pudieran ocasionarle a Alaf». La propia junta directiva ya envió en septiembre una carta a los socios en la que informaba de la petición de convocar la asamblea extraordinaria, aunque hasta el momento ha hecho oídos sordos.

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