Los hijos del Rastro quieren su herencia

«Nosotros fundamos el Rastro en la plaza Mayor hace más de treinta años, llevamos más de veinte con el puesto en Papalaguinda, sufrimos el destierro a la zona de Clarés y ahora nos quieren finiquitar...».

Julio Jiménez es uno de los comerciantes ambulantes más veteranos del Rastro de León. «Lo copié de Bilbao y lo trajimos a León», relata este hombre que nació en el barrio de San Claudio y se dedica al mercadillo «desde que nací».

En los primeros tiempos ponían una colchita o una manta en el suelo. Luego montaron el puesto. «Me llamaban de todos los sitios y poco a poco se fue fundando un mercado», relata. Recuerda cuando empezó por la fecha de nacimiento de su hijo pequeño, en 1973.

Zapatos, zapatillas y algo de ropa, lo que se liquide en tiendas o almacenes a precios asequibles, llenan el puesto 61, que atiende con su esposa y su hijo Julio, de 52 años. A estos vendedores no les preocupa que el Ayuntamiento de León prohíva ‘vocear’ la mercancía con esos ripios que se sólo se oyen en las mañanas del domingo y se van con la corriente del río Bernesga.

Su preocupación es otra. No las voces. La ordenanza que unificará la venta ambulante en la capital les permitirá renovar la tarjeta el próximo mes de septiembre, cuando caduquen después de la última concesión por cuatro años. El Ayuntamiento de León prepara una ordenanza aumenta a diez años el tiempo para las nuevas tarjetas pero sin renovación.

Esa es su preocupación. «Tengo un hijo joven que se va a quedar con el puesto, él y su señora. No sabe hacer otra cosa y si no se lo renuevan nos llevan a la ruina», apostilla el hombre.

A partir de septiembre, sólo quienes cumplan los requisitos, tales como estar al día en Seguridad Social, Hacienda, seguro de responsabilidad civil y no tener deudas con las administraciones, podrán renovar su tarjeta.

Será por diez años y sin derecho a prórroga. Cuando se cumpla esta década, los puestos saldrán a concurso público.

Así lo prevé la nueva ordenanza que tramita el Ayuntamiento de León, que afectará también a los mercados de la Plaza Mayor y de Colón por ser una norma de venta ambulante. Más de 800 familias en total. El Ayuntamiento de León argumenta que se trata de adaptar la normativa local a una directiva europea y la legislación estatal y autonómica que la regula.

El colectivo de vendedores ambulantes de León se opone a la medida y reclama que se incluya en la ordenanza la posibilidad de renovar la licencia al cabo de diez años o se prorroguen las licencias del Rastro por otros cuatro años mediante un decreto de la Alcaldía.

Otras comunidades

Ricardo Torres, representante de esta asociación de vendedores ambulantes subraya que el decreto 5344/2010 que se aprobó para regular la venta ambulante de acuerdo con la directiva europea fue objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional que ganó la Generalitat de Cataluña.

Tanto en el territorio catalán, como en Madrid, la normativa de las licencias de venta ambulante estipulan 15 años de duración con derecho a renovación. «En Murcia son 12 años con prórroga, en el País Vasco, Galicia y Cantabria, cinco con renovación», subraya.

Torres rebate la aplicación que quiere hacer León del artículo 41 de la Ley de Comercio, que exige sacar a concurso los espacios que se utilizan para el comercio ambulante en la vía pública, dando un tiempo para amortizar el capital invertido. «En Palencia tienen los permisos por un año, en Salamanca por dos... En Segovia tienen dos años con posibilidad de prórroga», argumenta.

Ricardo Torres teme que la idea de abrir a la concurrencia pública los puestos del Rastro atraiga a León a vendedores de otras capitales, como Valladolid donde formalmente está abierto a todo el mundo pero en la práctica existen unos requisitos que hacen inviable establecerse a cualquiera de fuera. «Tienen pocos puestos para ellos mismos», agrega.

La propuesta que planteó al Ayuntamiento de León en forma de alegaciones es que la normativa de León «deje algún resquicio a la prórroga» o que se trabaje con la Comunidad Autónoma una nueva normativa para unificar lo que se hace en todas las provincias. «Lo que está claro es que cada ayuntamiento hace lo que le da la gana», señala. La normativa que quiere poner en marcha el Ayuntamiento de León, si consigue el apoyo suficiente de la Corporación, «nos aboca en un futuro próximo a la exclusión de nuestros hijos. ¿Qué quieren, que nos dediquemos a robar o a vender droga?», apunta.

El Ayuntamiento de León le da una interpretación distinta a la norma que prepara. «Como hay que dar un tiempo para que la gente amortice las inversiones se darán las licencias por diez años y después se abrirá un nuevo procedimiento de adjudicación, que no quiere decir que los titulares actuales se vayan a quedar sin los puestos», puntualiza Miguel Silvano, el nuevo comisario de Mercados.

Según el técnico municipal, la norma impide que se puedan renovar automáticamente las tarjetas por el principio de concurrencia pública que exige la gestión de espacios públicos.

«Nosotros fundamos el mercado y estos que ahora quieren cambiar las normas no saben lo que es la venta ambulante», añade Torres. «Tuvimos nuestra época dorada, pero ahora es mucha la competencia que hay. Vivíamos mejor en el 92 que en el 2018», apostilla Julio Jiménez.

Con 63 años, también empezó en Bilbao. «Me fui de León con una furgoneta al poco de cumplir los 18 años, saqué el carné el mismo día de mi cumpleaños y marchamos mi mujer y yo a Cantabria y de ahí a Bilbao», explica.

Sin alternativa económica

Señala que el mercado ha sido una alternativa económica para la población de etnia gitana, que son «el 85% de los titulares de los puestos del Rastro». También echa mano de la Estrategia Nacional para la Exclusión Social de la Etnia Gitana que se desarrolla desde el 2012 al 2020, también por mandato de la Unión Europea.

«La estrategia incide en las cuatro áreas de clave para la inclusión social: educación, empleo, vivienda y salud», recalca Torres. La participación del pueblo gitano es uno de los requisitos para el desarrollo de estos ámbitos, dotados con fondos europeos. «Pero con el pueblo gitano cuentan poco, el 90% del dinero lo gestionan a través de entidades que no llevan gitanos», insiste.

En el caso de la ordenanza de venta ambulante lamenta que «no hayan tenido en cuenta las alegaciones que presentamos, nuestra participación no les interesa».

También recuerda Torres que España es uno de los países más incumplidores en las normativas europeas, como pone de relieve el toque de atención que dio la Comisión Europea al Gobierno en 2016: más de 400 quejas por incumplimiento de normas.

Ricardo Torres pide la mediación del nuevo subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, para dar una solución al problema que ven en la nueva ordenanza que aglutinará la actividad de toda la venta ambulante del municipio de León. Hasta ahora era el Rastro el único que contaba con un reglamento, de 2014, mientras que los otros mercados se rigen por normas «antiguas y desfasadas», según el técnico municipal.