La batalla de la escuela inclusiva

No fue un caso puntual. Más de 400 denuncias en España (una decena en León), la mayoría por problemas de segregación escolar de personas con discapacidad, activaron el artículo 6 del protocolo facultativo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y una investigación en la que participaron funcionarios de las administraciones, familias afectadas y especialistas en educación inclusiva.

Después de varios años de trabajos secretos, las conclusiones de este organismo dependiente del Alto Comisionado de Naciones Unidas se hicieron públicas en mayo. Según el abogado de Solcom, Juan Rodríguez Zapatero, el informe constata que «el sistema educativo español continúa siendo excluyente y segregador con las personas con discapacidad y especialmente con las personas con discapacidad intelectual».

Una situación que se debe, recalca, a que las evaluaciones psicopedagógicas «están ancladas en el modelo médico de la discapacidad» y «no se ha producido una adaptación de la educación a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad».

En este sentido, María del Mar Álvarez, leonesa vocal de Solcom, señala que el artículo 74 de la LOE y su equivalente en la Lomce mantiene abierto el resquicio a la discriminación en el sistema educativo de estas personas al recoger que «la escolarización de determinados alumnos se realizará en centros de educación especial cuando sus necesidades no puedan ser satisfechas en el marco de la atención a la diversidad en centros ordinarios».

De esta manera, el informe del comité constata lo que ya viene denunciando Solcom desde su creación. «En España existen dos sistemas de educación, uno ordinario y otro especial que suponen una práctica segregativa» que consideran «incompatible con la convención».

La asociación recalca que «el primer deber del nuevo Gobierno es trabajar en la aprobación de una ley integral de educación inclusiva de ámbito estatal pues se trata de un derecho fundamental».

Juan Rodríguez Zapatero subraya que «uno de los problemas que existen es que hay 17 modelos de educación inclusiva, tantos como comunidades autónomas». El derecho a la educación, añade, «es un derecho fundamental y tiene que conllevar la eliminación de la dualidad del sistema».

Bajo el principio de la accesibilidad universal a la educación, reclaman un plan de desaparición de los centros de educación especial» y solicitan que «se reviertan los recursos personales y materiales a los centros ordinarios».

Cesar la escolarización de niños y niñas con discapacidad en estos centros especiales es la segunda exigencia que plantea Solcom amparándose en las conclusiones y recomendaciones del informe que hizo público el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Igualmente, exigen que desaparezcan los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización. «Deben transformarse en informes que escolares que se centren en las necesidades educativas de cada niño y cada niña». Solcom recalca que el sistema actual, con un sistema educativo dual, es «incompatible con la Convención, que firmó el estado español, y defiende una educación para todos y todas». La Convención, recalcan, reconoce el derecho a la educación para todo el mundo «sin discriminación» estableciendo los «ajustes razonables» ante las necesidades que pueda presentar el alumnado por cuestiones físicas, psíquicas, sensoriales o cualquier tipo de diversidad.

La aplicación de la Convención al ordenamiento jurídico español no puede tener excepciones como las que establecen las leyes educativas. Recuerda Juan Rodríguez Zapatero que «la Constitución española señala que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico español».

Con las violaciones de este derecho fundamental a la educación que corroboró el informe del comité de Naciones Unidas, «España no está reconociendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como tratado internacional ni el derecho a la educación», añade el letrado.

Personas de segunda categoría

Solcom denuncia que la práctica «sergregativa» que se deriva de esta situación convierte al alumnado que es derivado al sistema de educación especial «en personas de segunda categoría sin muchas oportunidades y excluidas del resto de la sociedad».

Esta discriminación se hace patente en la enseñanza posobligatoria. «A partir de los 21 años quedan fuera del sistema», recalca. «Es una prueba más de la poca atención que se presta a estas personas», recalcan. Como el hecho de que «la legislación sobre adaptaciones curriculares no da opción a titulación», apunta María del Mar Álvarez.

Esta situación se produce a partir de los 21 años para el alumnado que está en centros de educación especial, pero puede darse a los 18 o 19 años cuando están en centros ordinarios. Precisamente una de las demandas que lleva Solcom está relacionada con la reclamación de un alumno de Castellón que quiere cursar la FP Básica y se lo deniegan. Otro caso similar se ha ganado en Málaga.

Las familias quieren que el derecho a la educación de sus hijos e hijas deje de ser un asunto por el que tengan que pleitear. Cuando un dictamen de escolarización deriva a un alumno o alumna a un centro de educación especial la única opción que tienen las familias es aceptar o «pasar un calvario, con un importante gasto económico y un desgaste emocional y psíquico», señalan.

El caso de Rubén en León, que es uno de los que investigó el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad al igual que el de Daniel en Palencia y otros, es un ejemplo de la batalla en la que se ven involucradas las familias. El padre y la madre de Rubén no llegaron a ser juzgados por abandono de familia por negarse a escolarizar a su hijo en un centro especial pero durante dos largos años y hasta el día del juicio pesó sobre ellos la acusación de la Fiscalía de Menores, finalmente retirada.

«Ha habido un avance importante en materia de jurisprudencia», apunta Juan Rodríguez Zapatero después de una casi una década de experiencia en pleitos en defensa del derecho a la educación de las personas con diversidad funcional. Sin embargo, cree que aún «faltan cosas importantes». Después del informe del comité de la ONU urge que «la Fiscal General del Estado dé instrucciones para que las fiscalías actúen en defensa de los derechos humanos y no de la administración, como está ocurriendo», apunta.

El informe, insiste, «refuerza y legitima las denuncias que ha hecho Solcom desde hace años porque hace una radiografía muy ajustada a la situación de España». Una vez hecho el diagnóstico, «los partidos deben decir qué opinan del informe y cómo llevar a cabo sus recomendaciones». Solcom está vigilante.

De momento, la respuesta del Gobierno de que lo recogido en la investigación «son casos puntuales» no convence a Solcom: «El comité no hubiera intervenido de no haber observado que existían indicios de varias violaciones de este derecho fundamental», alega el abogado leonés Juan Rodríguez Zapatero.