Diario de León

Nadie limpia el chapapote en la Amazonía peruana

Los habitantes se sienten abandonados tras los derrames petroleros de 2016.

Una mujer lava la ropa en Barranca, población afectada por el vertido de petróleo. CHEMA MOYA

Una mujer lava la ropa en Barranca, población afectada por el vertido de petróleo. CHEMA MOYA

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León

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Puerto América | efe

Los pueblos de la Amazonía peruana se sienten abandonados y siguen sufriendo las consecuencias de los derrames de petróleo que en 2016 tiñeron de negro los ríos donde pescan y se bañan y las tierras donde cultivan yuca, maíz y maní, base de su alimentación.

«Aquí no viene nadie, nadie nos pregunta, ¿Cómo han llegado ustedes?», dice sorprendido un campesino sentado en un pequeño embarcadero, en uno de los márgenes del río Morona, cuando ve llegar a un grupo de periodistas de un país que no ha oído nunca y cuyo viaje ha organizado Cáritas Española para que tengan la posibilidad de escuchar a estos campesinos.

El último tramo de carretera está a más de siete horas a través del río. Solo se puede acceder a las comunidades del distrito Morona en embarcaciones que sortean los troncos que flotan en las aguas de color marrón rojizo de este afluente del Amazonas.

Por sus comunidades pasa el oleoducto más largo del Perú, que funciona desde 1974 transportando crudo desde los campos petrolíferos en la Amazonía del norte peruano, cruzando la selva y los Andes, hasta la costa de Bayóvar.

El Oleoducto Nor Peruano —de casi mil kilómetros— está gestionado por la empresa estatal Petroperú con un elevado riesgo para el medio ambiente por el precario mantenimiento, según denuncian.

Hace algo más de dos años, 22 comunidades, la mayoría indígenas (kukama, kukamiria, shawi, wampis y awajún) se vieron afectadas por una docena de vertidos por fugas de crudo en el oleoducto, que tuvo que cerrar durante un año y realizar tareas de mantenimiento.

«Seguimos pescando por necesidad, no tenemos otro alimento, aunque sabemos que el río sigue contaminado. Estamos muy preocupados por la salud, pero nadie hace nada, ni las autoridades locales y ni el Gobierno. Nos sentimos engañados, burlados y atropellados en nuestros derechos», explica Casinaldo Núñez, agricultor.

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