El ‘limbo’ de la dependencia es menor en Castilla y León

En Castilla y León, una persona mayor de 80 años tiene prácticamente el triple de oportunidades de ingresar en una plaza residencial al amparo de la ley de dependencia que en otras comunidades, en una autonomía donde es prácticamente nula la espera para acceder a un recurso por dependencia.

El informe «El caos de la dependencia», elaborado por las patronales Ceaps, mayoritaria en España, y Acra, mayoritaria en Cataluña y que forma parte de la primera, junto a la consultoría Gerokon, radiografía un sistema de la dependencia «caótico», en el que 250.000 personas con dependencia reconocida en España esperan en un «limbo burocrático» su prestación, ya sea una plaza residencial, un servicio de atención domiciliaria o alguna ayuda económica.

Además, casi 100.000 de estas personas dependientes tienen un Grado 2 o Grado 3 reconocido y requieren de manera urgente de unos cuidados y atención «que no están recibiendo».

Cataluña es la comunidad con más personas en ese «limbo burocrático»; tiene a 75.000 personas en lista de espera, 1 de cada 3 catalanes dependientes, mientras que Castilla y León es la comunidad que tarda menos en tramitar las ayudas.

Ceaps además critica una «ruta inacabable de la dependencia», con un proceso burocrático para que la administración valore si una persona es dependiente o no que en Cataluña puede alargarse hasta cinco años.

El estudio también concluye que hay grandes desigualdades territoriales, por ejemplo, una persona dependiente tiene el doble de posibilidades de ser reconocida como tal en Andalucía, que en otras comunidades como Canarias, Asturias o la comunidad Valenciana.

En Castilla y León, una persona mayor de 80 años tiene prácticamente el triple de oportunidades de ingresar en una plaza residencial al amparo de la ley de dependencia que en otras comunidades.

El estudio critica también que existen actualmente más de 20 denominaciones distintas para definir los 3 grados que establece la ley, las personas sin grado, y aquellas que se pueden considerar «especiales». En declaraciones a los medios, la presidenta de Acra y de Ceaps, Cinta Pascual, ha señalado que «hay comunidades que dan prestaciones a la dependencia a personas que en otras comunidades no son consideradas como tales».

Además, el gasto público de la administración central en el sector de la dependencia representa un 16,1 % del total, la aportación de las personas dependientes y sus familias (el copago) es del 20,6 %, mientras que las comunidades autónomas soportan el 63,2 % del gasto total, un reparto que Acra considera «injusto».

Pascual ha achacado el «caos de la dependencia» a esta falta de recursos y ha reclamado, en el caso de Cataluña, una nueva conselleria de Atención a la Gente Mayor con una dotación del 2 % del PIB para afrontar el aumento del envejecimiento en la sociedad.

Pascual ha pedido reducir la burocratización de los trámites de la dependencia, y ha argumentado que con las tecnologías existentes se pueden agilizar.

«Para una persona que es mayor, dependiente y que acaba de salir del hospital con un ictus es dramático que tenga que esperar tanto», ha ejemplificado.

Otra de las soluciones que se recomiendan en el estudio es aumentar las Prestaciones Vinculadas al Servicio, las PEVS, que permitirían financiar las 5.000 plazas residenciales libres actualmente en Cataluña y reducir la lista de espera de las residencias, de 18.438 personas, en un 50 %, según Pascual.