El INE sólo venderá los datos de quienes lo consientan de modo tácito

Según el proyecto inicial, incluido en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999 y que tendrá que ser previamente ordenado mediante un reglamento específico, cada elector recibirá en su domicilio una carta con información sobre el listado. En ella se incluirá un sobre con el franqueo pagado para remitir la respuesta afirmativa o negativa a estar incluido en ese censo. En contra de las informaciones publicadas el pasado martes, el INE aclaró ayer que quienes no respondan al folleto -hacerlo es gratis- no formarán parte de ese listado de personas, que se vendería a las empresas de publicidad, buzoneo, venta a distancia y análisis de mercados. Así lo explicó la presidenta del Instituto, Carmen Alcaide, quien no se mostró partidaria de elaborar el censo porque «hace más daño que favor». Contradicciones Fuentes del organismo aseguraron que la publicación de los datos entran «en contradicción con el secreto estadístico», aunque los miembros del instituto se ven obligados a cumplir la ley. No obstante, Alcaide aseguró que este fichero «no es una prioridad», puesto que en el 2003 tendrán preferencia en el INE los estudios sobre las elecciones municipales, autonómicas y catalanas. Sin embargo, el director de la Agencia de Protección de Datos, Juan Manuel Fernández, se mostró contrario al criterio del INE y consideró que quienes no respondan a esa carta estarán dando su consentimiento «tácito». Según Fernández, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales admite esa autorización no expresa salvo en los casos de datos de religión, ideología y creencias, para los que hay que dar permiso explícito, y escrito para los de salud y origen racial. En su opinión, la legislación es «impecable» y los ciudadanos tienen que comportarse como «adultos» y responder cuando se les pregunta si quieren ser incluidos en el listado para evitar perjuicios a las empresas. Fernández justificó la creación del fichero porque antes las empresas recogían de forma ilegal estos datos del censo electoral o del padrón cuando estaban expuestos con motivo de los comicios. Los principales partidos de la oposición criticaron esta «inadmisible» venta de datos y pidieron en el Congreso de los Diputados una reforma.