La lucha por el Estado Leonés en la Primera República

La historia no se repite pero a veces rima. Los anhelos de León de convertirse en la autonomía número 18 del Estado español del momento presente no es una originalidad del leonesismo del siglo XXI. Hace 150 años, cuando se proclamó la I República Española, tras la abdicación del rey Amadeo de Saboya , León ya aspiró a convertirse en uno de los estados federales y con carácter uniprovincial.

La I República llegó a León por telegrama. El gobernador civil, Julián García Rivas, recibió a la 1 y 12 de la madrugada del 12 de febrero la comunicación enviada a las 10.15 de la noche por el presidente de la asamblea: «El Senado y el Congreso constituidos en Asamblea Soberana, después de admitir la renuncia de Amadeo de Saboya, han proclamado la República. Sírvase V. S. comunicarlo a la mayor brevedad a todos los ayuntamientos de esa provincia. Tranquilidad completa en la capital y en las provincias».

Horas después, otro telegrama informaba de la composición del Gobierno, con Estanislao Figueras como presidente; Emilio Castelar como ministro de Estado; Nicolás Salmerón de Hacienda; José Eguiagaray de la Guerra y otras carteras. El Boletín Oficial de la Provincia del 12 de febrero de 1873, con escudo monárquico, recoge el parte oficial rematado con la siguiente explicación del gobernador civil: «... que la República no es otra cosa que el Gobierno del Pueblo por el Pueblo y para el Pueblo; que quien más respete y mejor proteja los bienes, la honra y las personas de todos sus conciudadanos será el mejor republicano».

«Fue una república sobrevenida, debido a la abdicación de Amadeo I que dejó desconcertados a los políticos y en vez de buscar otro rey, proclamaron la república, pero los republicanos de verdad eran minoría», explica el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de León, Francisco Carantoña.  Un pacto entre el Partido Radical, de Ruiz Zorrilla, con 174 diputados, y «la dividida minoría republicana», con 79 escaños, propició el cambio de régimen.

Cuentan que al rey le entregaron una nota mientras se disponía a almorzar en el restaurante Fornos de Madrid en la que le decían que se marchara de España y que Amadeo, tras terminar de comer, se dirigió a la embajada de Italia con su familia y allí mismo firmó la renuncia. Finalizaba así un corto periodo de dos años y tres meses escasos del reinado de un monarca singular, el primero que había sido elegido en las Cortes. 

En León, cambiaron la composición de la Diputación provincial y del Ayuntamiento. No hay constancia de incidentes excepto la constitución de una Junta Revolucionaria en Valderas, donde habían destituido a la Corporación y se les conminó a reponerla. «El cambio de régimen fue pacífico, no provocado por una revolución o levantamiento popular», precisa el capítulo dedicado a la I República el libro Historia de León, de Diario de León, que Carantoña coordinó en el tomo IV de Historia Contemporánea.

El pacto entre radicales y republicanos duró poco. El 23 de febrero, el presidente de la Asamblea, Cristino Martos, intenta derribar al Gobierno. El 23 y 24 de abril hubo un intento de golpe de estado que fracasó. La causa de las desavenancias era la concepción del Estado. Los radicales eran partidarios de una república centralista y entre los republicanos predonimaba el federalismo. 

La Diputación provincial de León se encontraba en una situación peculiar, no estaba reunida en pleno cuando se produce la proclamación de la República. Es la Comisión Permanente la que toma protagonismo tras conocerse, el 17 de julio, el proyecto de Constitución que dividía España en 17 estados federales. León quedaba dentro de Castilla-La Vieja, cosa que rechazaron de plano. Aunque el número sea el mismo que el de autonomías que componen el actual mapa político-territorial, no es equivalente. Estaban Cuba y Puerto Rico como Estados y no aparecían Madrid, Cantabria, ni La Rioja. 

«Que León no figurase entre los Estados –el equivalente a las autonomías actuales— provocó un fuerte rechazo en la provincia», apunta Carantoña. El recurso que envió a las Cortes Constituyentes el 4 de agosto fue un «auténtico alegato leonesista». «Hay que tener en cuenta que existía la amenaza de la literal desaparición de León como entidad administrativa, ya que España se organizaba en municipios y Estados regionales, pero desaparecía la provincia», precisa.

Los Estados iban a tener capacidad para establecer su organización administrativa y León se desmembraría. «La provincia de León, Título y Cuna del primer Reino de la reconquista, que cuenta con una extensión de  1.597.120 hectáreas y una población de 348.756 habitantes, que por su situación, por sus producciones, por sus costumbres, no pertenece, ni puede considerarse como una parte de Castilla La Vieja; y que cuenta con elementos más que suficientes para constituir por sí un estado próspero, no debe ni puede ser absorvida (sic)  por otro, sea cualquiera su nombre, y con el que no le unirán seguramente relaciones de ninguna especie».

La reclamación es diáfana. Quieren un Estado de León solo. «No pretende León en manera alguna ser el centro de un Estado, al que concurrieran otras de las actuales provincias; sino formarle por sí solo y no perder su autonomía, ni el glorioso nombre de Leoneses sus habitantes que con él y no con el de Castellanos se han distinguido siempre por su patriotismo, su laboriosidad y su cordura».

 La idea del Estado Leonés como uniprovincial descartaba otras opciones que habían sido expuestas en las Cortes. Los diputados republicanos de la provincia de León se habían negado a votar a un representante castellano para la comisión que iba a redactar la Constitución federal. «No delegaban en él otra representación que la relativa al derecho Fundamental del Estado porque en la división geodésica y territorial de los Cantones se hallarían en contradicción con  el elegido, por no estimarla conveniente y mucho más, no habiéndose tenido en cuenta la importancia y las relaciones naturales de las antiguas provincias del  antiguo reino de León», recoge La Correspondencia de España en su edición del 17 de junio.

Pero ni sola, ni acompañada. La República federal se fue al traste en menos tiempo que el reinado de Amadeo de Saboya. «Fue un desastre», apunta Francisco Carantoña. «Pi y Margall, el primer republicano federal que encabeza un gobierno, se encuentra con la sublevación cantonal, un movimiento republicano federal». Como se suele decir en política, no hay nada peor que el fuego amigo.

«¿Quién con más derecho que León?»

La carta de la Comisión Permanente a las Cortes Constituyentes rechazaba la inclusión de León en el Estado de Castilla La Vieja y exigía que la provincia fuera reconocida como Estado por sí sola. Aparte de los argumentos expuestos para no ser engullida por Castilla, por diferencias de cultura, economía y costumbres, los próceres leoneses señalaban a otros territorios que sí eran reconocidos como agravio. «Si la división responde a los antiguos Reinos, como asegura el preámbulo del proyecto de Constitución. ¿Quién con más derecho que León para formar un Estado? Si estos han de tener determinada importancia, ¿Por qué Navarra y otros obtienen la preferencia cuando les supera la provincia de León en población, en extensión superficial y en el valor de sus variadas producciones por las que solo en la contribución territorial satisface más de tres millones de pesetas», señala la comisión. El Ayuntamiento de León también debatió la cuestión a raíz de una carta del presidente de la Comisión Permanente en la que informa que «esta provincia desaparecerá y formará parte del Cantón de Castilla La Vieja, cuya capitalidad se cree sea Valladolid».