Procurador del Común: «Apoyar el comercio en el medio rural es fundamental para que pervivan los pueblos»

Tomás Quintana López es el tercer Procurador del Común de Castilla y León. Como los dos anteriores, Manuel García Álvarez y Javier Amoedo, es leonés. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y experto en derecho ambiental y urbanístico, de los contratos públicos, de responsabilidad patrimonial de la administración y derecho veterinario, la materia como defensor de la ciudadanía de la Comunidad ante las administraciones autonómica y locales no le era ajena.

Después de cinco años al frente, Tomás Quintana señala que su línea es «cumplir el servicio a la sociedad tomando en consideración a las personas que más necesitan ayuda». En este sentido, subraya que el «compromiso mayor es con las personas más vulnerables y las que residen en el medio rural ». Una Comunidad «extensa, con mucha dispersión demográfica y envejecimiento progresivo de la población» presenta unas «especiales dificultades en la prestación de servicios», apunta. Dos de los temas que más le han ocupado en este terreno ha sido la sanidad rural y la educación , sin perder de vista la precariedad de algunos pequeños municipios para prestar los servicios básicos. «La calidad de la educación tiene que ser igual en el medio urbano que en el rural», destaca.

La falta de comedores escolares , de servicios de conciliación o problemas en el transporte escolar han motivado alguna actuación de oficio. Sus resoluciones han sido contundentes, aunque no tanto el acatamiento de la Consejería de Educación por ahora. «Los niños que residen en el medio rural, con independencia de que sean de transporte escolar tienen derecho al comedor. Este servicio contribuye a facilitar la vida laboral de padres que normalmente la desarrollan en lugares distintos de su residencia», subraya. El comedor, abunda Quintana, tal y como sentado en sus resoluciones, no tiene por qué ser un espacio específico de la escuela.

«Puede ser un comedor en el centro escolar o aprovechando los recursos que hay en la zona», desde restaurantes o bares a residencias de mayores que disponen de cocina propia. «No se trata sólo de prestar servicios públicos, sino de incentivar el desarrollo económico del medio rural a través de los poderes públicos», subraya Quintana.

Esta razón de peso justifica informes de oficio en otras áreas como ha sido el caso de Agricultura . «Los huertos solares y parques eólicos, que son fundamentales para la transición energética, tienen que ajustarse debidamente para que no se produzca una limitación excesiva del sector primario o, en Ganadería, en el caso de las macrogranjas, debe haber un riguroso examen e inspección para que sea aplicable la normativa y sanitaria», explica.

El Procurador del Común ha planteado una «cláusula progresiva de estas instalaciones para lograr que sean inocuas, pero también considerando que pueden ser un eslabón de la cadena productiva en el medio rural», matiza. Los ataques de animales salvajes a la ganadería extensiva y la dilación de la administración en el pago de indemnizaciones han ocupado también los informes de oficio de la institución. En el caso concreto del lobo, «con frecuentes ataques desde que tiene un alto grado de protección hemos conseguido que el sistema indemnizatorio que existe al sur del Duero. Lo hemos resuelto con la Consejería de Medio Ambiente».

La atención sanitaria ha sido otro de los frentes intensos de las quejas ante la defensoría autonómica. «En el medio rural ha sido constante en estos cinco años, con la pandemia de por medio que durante dos años presentó una gran intensidad». La vacunación, la falta de medios, como los equipos de protección individual en los inicios del covid. Fue un momento crítico que «hizo que la institución se volcara para prestar el mejor servicio a la población». No sólo la sanidad estuvo atravesada por la pandemia. «Cambió la forma de prestar el servicio educativo, la atención a mayores y personas dependientes en domicilios y residencias», explica Quintana.

La pandemia, en suma, «tuvo un gran impacto en la prestación de servicios». La última actuación que ha llevado a cabo el Procurador del Común se centra en el comercio en el medio rural. «Es fundamental para la pervivencia de los pueblos y para garantizar los derechos de las personas residentes», recalca. La conclusión de este informe es que «para atender esta necesidad básica se debe intentar que haya tienda o algún medio de comercio no sedentario; la administración tiene que implicarse manteniendo las tiendas donde las hay y ayudando al relevo generacional», explica Tomás Quintana. Esta nueva resolución insta a fomentar el comercio rural con una «perspectiva más amplia de generar actividad económica con productos de cercanía». El Procurador del Común, institución ubicada en la calle Sierra Pambley de la capital leonesa, cuenta con 34 personas (22 mujeres y 12 hombres) para desarrollar el trabajo. Once de son personal de las Cortes de Castilla y León y 23 asesores de área y gabinete del Procurador del Común que en su mayoría son funcionarios públicos en otras administraciones como el propio titular.

La actividad se divide en 13 áreas. En lo que va de año, hasta el 9 de octubre, se han dictado 559 resoluciones y 141 quejas han sido archivadas por no irregularidad sobre un total de 1.352 quejas y 64 informes de oficio realizados.

En los cinco años de su mandato, el equipo de Tomás Quintana ha tramitado un total de 11.066 quejas (que se elevan a 67.165 contando todas las colectivas, es decir, las presentadas por diferentes personas por la misma causa) y 378 expedientes de oficio. En 2022 como consecuencia de la presentación de 16 quejas múltiples, es decir, sobre 16 asuntos diferentes, pero presentadas por una pluralidad de personas, se abrieron 6.185 expedientes. A lo largo de estos cinco años se observa un descenso en el número de asuntos de queja, aunque la cifra volvió a remontar en 2021 por el impacto que la pandemia tuvo en la prestación de servicios públicos. Así, en 2018 se tramitaron 2.375 asuntos de queja; 1.796 en 2019; 1.706 en 2020; 2.030 en 2021 y 1.807 en 2022. El año con más informes de oficio fue de 2020, con un total de 94, sobre los 79 (2018), 34 (2019), 44 (2020), 63 (21) y 64 en lo que va de 2023. La aceptación media desde el 2018 es del 80%. «En un periodo mayor o menor de tiempo se resuelve este porcentaje de quejas. Esa es la mayor satisfacción», subrava el catedrático. León es la provincia que plantea más quejas. Tomás Quintana cree que esto se debe a la cercanía de la institución, no a que los leoneses sean más quejicas. «La mayor parte de las quejas presenciales que recibimos aquí son de personas de León y su alfoz». El resto usan más los medios telemáticos, aunque hay establecidas procuradorías itinerantes por todas las capitales de provincia y Ponferrada una vez al mes. Periódicamente el Procurador del Común se desplaza a poblaciones relevantes de la Comunidad como Benavente o Miranda de Ebro.

«Le pondría una nota elevada a las administraciones, aunque en algunos casos, sobre todo en ayuntamientos pequeños nos encontramos con que su respuesta es que les gustaría cumplir pero carecen de los medios para servicios básicos como pueden ser la limpieza viaria, el agua, la iluminación....», admite. El defensor de la ciudadanía en Castilla y León recuerda estos pequeños municipios que «siempre cabe la posibilidad de acudir a la Diputación provincial y que planteen su problema». Otro problema que sufren los pequeños municipios y que se detecta desde «el periscopio» de la realidad que es el Procurador del Común es la falta de personal de gestión, particularmente para las secretarías e intervención. Un problema al que se le ha dado solución parcial con la bolsa creada por la Junta de Castilla y León para personal acreditado con cursos específicos y con la convocatoria de tres oposiciones a nivel estatal (se llegó a pedir la intervención del Defensor del Pueblo) que está aún lejos de remediar el problema de las interinidades. No se pueden superar los tres años en un mismo puesto en situación de interinidad. En consonancia con esta valoración están las estadísticas.

La administración local, el empleo público, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Agricultura y Hacienda son las administraciones más afectadas por las quejas que se presentaron en el Procurador del Común en 2022. Las quejas que más le han impactado son las «situaciones que afectan al ejercicio de derechos con mayor vinculación con las personas, como son los niños con necesidades especiales», admite. El Procurador del Común también actúa como Comisionado de Transparencia.

Esta competencia está encomendada a la institución por la ley de Transparencia de Castilla y León de 2015 y se ha asumido a coste cero, es decir, con el mismo personal. En esta misión, que le recuerda a una especie de Dr. Jeckyll y Mr Hyde, tiene que velar porque «las administraciones públicas cumplan la obligación de publicidad activa y pongan a disposición de los ciudadanos aquella información que requieran», precisa. La principal diferencia de las resoluciones del Comisionado de Transparencia respecto a las del Procurador del Común es que las primeras son vinculantes y, por tanto, pueden ser objeto de recurso contencioso administrativo.

La contratación de servicios públicos es la principal materia que reclaman ciudadanos en general y corporativos de los ayuntamientos en particular. «Es una competencia muy conocida, nos vienen reclamaciones de todas partes, que afectan a entidades desde el Ayuntamiento de Valladolid a la última junta vecinal del último pueblo de la Comunidad», señala Tomás Quintana. Las asociaciones ecologistas o medio ambiente y los periodistas, son otros de los colectivos que más acuden a Transparencia. El comisionado destacada que la profesión periodística, siguiendo la doctrina del Tribunal Superior de Justicia Europeo, tiene un «cualificado derecho a saber» como transmisor a la opinión pública. Tomás Quintana López cumplió su primer mandato el año pasado. Las Cortes de Castilla y León necesitan dos tercios de su pleno para proceder a su renovación—es posible por dos mandatos— o un nuevo nombramiento. El catedrático leonés dice que no es asunto que le preocupe porque no afecta al normal funcionamiento de la institución. «Si, por ejemplo, no pudiera realizar informes de oficio o tuviera cualquier otro límite que afectara a la prestación del servicio no lo asumiría», asegura.