Gobierno y doce comunidades destinan 2.000 millones para cuidar en casa dependientes

Doce comunidades autónomas (entre las que no está Castilla y León) y el Ministerio de Derechos Sociales, impulsan un plan que busca garantizar una vivienda digna y adaptada donde poder recibir atención personalizada y evitar ingresos en residencias las personas mayores y personas con discapacidad que son dependientes, así como las personas sin hogar y menores migrantes. Gobierno y estas doce comunidades autónomas invertirán 2.000 millones de euros, de las que el Ministerio de Derechos Sociales, impulsor de este proyecto, aportará sobre el 25% del presupuesto y las comunidades participantes (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra y Murcia) los tres cuartas partes restantes. Castilla y León está fuera de este plan.

Fuentes oficiales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León aseguran a este periódico que no tienen constancia de ese reparto. «En ningún momento se ha aprobado en Conferencia Sectorial ni hemos sido informados. Evidentemente pediremos las explicaciones oportunas al Ministerio y se recurrirá si es necesario».

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales contesta, a preguntas de este periódico, que «al igual que a otras comunidades, se les solicitó información y se les invitó a participar en los procesos colaborativos y de debates, pero nunca enviaron ninguna aportación al plan operativo. Se insistió porque por nuestro lado es mejor que estén todas, pero se no dio la colaboración finalmente».

Es el primer plan operativo para desplegar la Estrategia Estatal para el Nuevo Modelo de Cuidados, que se marca como objetivo dar un vuelco al sistema de atención a la dependencia en España para 2030, consiguiendo que la atención personalizada y a domicilio de los ciudadanos con algún grado de necesidad de ayuda sea la norma y que su ingreso en residencias o centros tutelados sea la excepción. Uno de los elementos claves del plan es potenciar el acceso de estos colectivos a una vivienda digna, accesible y adaptada, no solo para que los usuarios puedan recibir allí los apoyos necesarios sino también para prevenir la institucionalización, el recurso a la residencia. Así, gran parte de las actuaciones, según detalla el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, «van encaminadas a garantizar las condiciones que permiten a los dependientes quedarse en su hogar tanto tiempo como deseen o acceder a viviendas con apoyos comunitarios para seguir construyendo su proyecto de vida».

Las 695 medidas se agrupan en cinco líneas estratégicas. La primera trata de prevenir las dinámicas personales y sociales que desembocan en el ingreso en residencias. Se concentra en facilitar el acceso a viviendas dignas, promocionar la salud y garantizar el acceso a servicios de proximidad. Un ejemplo sería la creación de una red de 100 viviendas públicas de inserción social en Galicia o la oferta de vivienda en alquiler en Cataluña.

Las 125 actuaciones del segundo eje buscan fomentar la participación activa de las personas dependientes en la toma de decisiones sobre sus vidas. La Comunidad Foral de Navarra, por ejemplo, incluirá a las personas con necesidades de apoyo y sus familiares en la elaboración de los planes individuales de atención y las ciudades de Ceuta y Melilla crearán consejos de participación infantil y adolescente.

Mantener la autonomía

El eje con más dotación, 687 millones, comprende 183 actuaciones para transformar los modelos de cuidados. Quiere revolucionar la formación de los profesionales y la gestión del sector.

   El objetivo es ofrecer a los profesionales las herramientas para que puedan personalizar los cuidados y fomentar la inclusión del beneficiario en la comunidad. Aragón ha creado la figura profesional del gestor de apoyos para la autonomía personal, para retrasar al máximo la institucionalización de los mayores o discapacitados o incluso evitarla, si así lo desea el interesado.

   El cuarto eje son servicios para la transición a la comunidad. Medidas para que las personas tengan alternativas dignas para vivir y ser cuidadas en su entorno residencial. Un ejemplo es la creación de centros multiservicios y centros para atención a la fragilidad y prevención de la dependencia en Asturias. 

   El quinto eje del plan son las reformas legales y administrativas y las acciones de coordinación institucional indispensables para poder ejecutar con éxito las medidas anteriores. Se prepara la modificación de la ley de dependencia y el desarrollo de un sistema de gobernanza y coordinación de la propia estrategia que fomente la participación de todos los agentes implicados.