BELORADO
Un cisma que dura un año
Monjas mediáticas, tramas inmobiliarias y denuncias cruzadas con causas judiciales pendientes en Belorado
Las exreligiosas Laura García de Viedma (c) y Susana Mateo (d), María Paz (i), ayer en el juzgado.
Un año después de que las monjas de Belorado (Burgos) abandonaran la Iglesia católica, el conflicto del cisma se dirime en los tribunales, con varias causas pendientes que implican a las exclarisas y al arzobispo de Burgos, entre ellas el desahucio del monasterio, cuya resolución todavía está lejana.
El 8 de mayo del pasado año, un grupo de monjas del Monasterio de Santa Clara de Belorado firmaba lo que denominaron un «manifiesto católico» en el que anunciaban su decisión de abandonar la Iglesia católica, aunque dicho documento, junto con una carta explicativa, no se harían públicos hasta el 13 de mayo
El próximo martes estaba prevista la vista oral por la demanda de desahucio presentada por el Arzobispado de Burgos para que las ya exreligiosas —fueron excomulgadas el 22 de junio— salgan del convento, en el que residen ocho excomulgadas —dos se marcharon en verano— y cinco mayores. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca ha suspendido el juicio después de que los abogados de las exmonjas hayan presentado una petición de recusación contra la jueza que instruye el caso, cuestionando su imparcialidad, petición que tendrá que resolver la Audiencia Provincial. Tras meses de denuncias cruzadas e intervenciones televisivas, el miércoles las exmonjas y el arzobispo, Mario Iceta, se encontraron por primera vez en los tribunales, en la vista de diligencias previas celebrada en Briviesca por la denuncia contra Iceta por coacciones, administración desleal y revelación de secretos.
Pendiente de resolución está también la investigación abierta tras la venta de 1,73 kilos de oro por 130.000 euros que realizó la exabadesa, Laura García de Viedma, en nombre del monasterio, y por la que está investigada por un delito de estafa junto a otras dos exclarisas.
Trama inmobiliaria
La economía del monasterio ha centrado la atención, ante la supuesta existencia de una trama inmobiliaria detrás de una decisión que las exmonjas siempre han defendido como doctrinal. El «manifiesto católico", firmado inicialmente por la exabadesa en nombre de la comunidad de Belorado, recogía el argumentario sedevacantista, y las religiosas se acogían en su salida a la jurisdicción del falso obispo Pablo de Rojas, excomulgado en 2019, de la mano de la Pía Unión y el falso cura José Ceacero.