Incertidumbre en León por los cambios para los solicitantes de asilo
Temor a que a nueva norma de extranjería incremente el número de inmigrantes irregulares
Personas solicitantes de protección internacional en el centro La Fontana en León.
Casi 2.000 personas solicitan Protección Internacional en León, una cifra que ha aumentado un 37% con respecto al año 2022. El 51% de las solicitudes reciben una respuesta negativa, un 41% se aceptan y al 3% restantes se les concede una protección diferente al asilo. La entrada en vigor el 20 de mayo del nuevo reglamento de extranjería traerá algunos avances en los derechos de las personas extranjeras, que verán cómo se clarifican los requisitos y trámites de los visados y establece nuevas modalidades de arraigo. Sin embargo, puede dejar sin papeles y en situación irregular durante más periodo de tiempo a las personas solicitantes de asilo o proteccion internacional. Las entidades que trabajan en León con personas solicitantes de asilo anticipan una situación de incertidumbre que puede afectar al empleo, la formación y las posibilidades de normalizar la vida mientras dura el proceso. Fuentes de Extranjería consultadas por este periódico calculan que esta situación podría afectar a un centenar de personas cada año en León a los que si se les deniega la solicitud de asilo quedarían durante dos años en situación irregular, aunque las entidades sociales elevan esa cifra, aunque sin dar un número aproximado de personas que pueden verse afectadas por esta nueva norma. Desde Extranjería se asegura que siempre se buscarán neuvas figuras para no dejar desasistidas a las personas afectadas y esperan nuevas disposiciones del Gobierno con criterios que beneficien a lass que se quedan sin papeles. «Sus expedientes seguirán la tramitación en Madrid y se resolverán en su momemto. No se va a dejar a nadie en situación irregular de un día para otro, que no se alarmen».
Más complicado
«La aprobación del nuevo reglamento de extranjería complica la regularización de las personas solicitantes de protección internacional, aboca a la mayoría de personas solicitantes que vean denegada su solicitud de asilo, a partir del 20 de mayo, a la situación de irregularidad y a no poder acudir a los llamados arraigos, hasta que cuenten con dos años de residencia desde la denegación, como dicen las personas es «poner el contador a cero», explica el abogado de Protección Internacional del Centro la Fontana gestionado por San Juan de Dios, José María Lucas García. «Hay que tener en cuenta que, para poder optar a alguno de los llamados arraigos, uno de los requisitos indispensables es no ser solicitante de asilo. Por tanto, si quieren acudir al régimen general de extranjería y han sido denegadas antes del 20 de mayo o han renunciado al recurso que presentaron sobre su denegación y desisten antes de esa fecha, pueden intentar regularizarse durante el periodo de un año, hasta mayo de 2026, siempre que hayan pasado al menos 6 meses desde la resolución desfavorable firme o el desistimiento del recurso». La reforma del reglamento de extranjería simplifica el procedimiento y establece una reducción de plazos para acceder a una autorización de residencia, creando también nuevas figuras de arraigo, «pero claramente busca desincentivar el acceso al sistema de protección internacional, un sistema que busca proteger a quienes huyen de conflictos, persecución o violaciones graves de derechos humanos. Favorece a las miles de personas que hay en situación de irregularidad, pero no a las personas solicitantes de asilo». Según el abogado, a los solicitantes de asilo, por tanto, «no les queda otra que esperar su resolución, ya que, no se admite la renuncia a la solicitud para acudir al nuevo reglamento de extranjería y luego, barajar si les compensa solicitar un recurso, o decidir el retorno, o permanecer dos años en situación de irregularidad en España hasta poder optar a un arraigo».
En España hay más de 200.000 persona solicitantes de asilo esperando respuesta a su solicitud, «la gran mayoría de ellas perfectamente integradas, con sus hijos e hijas escolarizadas, con contrato de trabajo en vigor, algunas con años de espera a la respuesta a su solicitud, a las que esta nueva normativa deja sin posibilidades de regularización y a sus empresas sin sus trabajadores», destaca el abogado del programa de protección internacional de San Juan de Dios.
Sin criterios de admisión
Fuentes consultadas de Extranjería coinciden aseguran que las solicitudes de asilo que se rechazan en León no responden a los criterios para conceder asilo político. «Muchos huyen de sus países por la delincuencia común, por la pobreza y por otras razones que no son las guerras, religión, orientación sexual o raza, por ejemplo». Las denegaciones de asilo se producen principalmente en las personas que llegan de Sudamérica. Sólo Venezuela, Ucrania y Mali tienen disposiciones especiales para conceder permiso de residencia y de trabajo en 24 horas, como recuerda Vicente Guillán, resposable de Cáritas. «Esta norma tiene una motivación, y es que no todo el mundo pida asilo político». Guillán cree que nuevos dos años de espera para las personas que se queden en situación irregular «supondrán otro reto social y económico para el sostenimiento de esas familias». Para el responsable de Cáritas, sin embargo, los cambios tiene una parte positiva para los extranjeros «proque reduce los tiempos de reolución a 60 días y se minimizan los requisitos». Un claro interés para que desciendan las solicitudes de asilo como puerta de entrada. «Cáritas apoya la iniciativa legislativa popular que entregó 500.000 firmas al Congreso para la regularización masiva de extranjeros. Esa sería beneficiosa también para los solicitantes de asilo. Esto nuevo es muy preocupante porque los arraigos no computan».
«Hay un porcentaje alto de personas a las que se les concede una protección temporal. Creemos que es un cambio a peor», dicen desde Accem. «Si se les deniega la solicitud no podrán acceder a programas de empleo y de formación y crecerá la bolsa de irregularidad».
En la vida
El cambio que se introduce a partir del 20 de mayo establece que el tiempo que una persona extranjera ha pasado en España esperando a que su solicitud de asilo sea resuelta —y trabajando regularmente— no computará para después pedir un permiso de residencia a través del arraigo en el caso de que su petición sea finalmente denegada, lo que significa de hecho que se recrudecen los requisitos para lo que las organizaciones de León consultadas es «para desincentivar el acceso a la protección internacional». En el caso de que finalmente no se les reconozca, una respuesta que puede tardar años, quedarán en sitaución irregularidad y deberán permanecer así al menos dos años hasta conseguir los papeles.
Cruz Roja de León no hace valoraciones a los cambios de la norma y desde la institución argumentan que derivan todos los casos al Colegio de Abogados, para que analicen cada caso y apliquen la ley.