León se moviliza para exigir a los ayuntamientos que cumplan la ley con los gatos
Las gestoras de las colonias felinas convocan una concentración el domingo frente a la Diputación de León
Una cuidadora recibe el saludo de un gato cuando le va a dar de comer en una colonia felina.
El domingo, gestoras de colonias felinas, entidades de protección animal y ciudadanía saldrán simultáneamente a las calles en 38 manifestaciones y concentraciones en España para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley 7/2023 en las colonias felinas. En León será en la Plaza San Marcelo, a las 12 de la mañana.
Más de tres años después de la aprobación de la norma, el movimiento «Los gatos tienen ley» denuncia importantes carencias en su aplicación efectiva en numerosos municipios y una realidad que continúa recayendo sobre las personas gestoras: sostener con su dinero, su tiempo y su trabajo una gestión que corresponde a las administraciones en el marco de sus competencias.
En León, los convocantes denuncian que pese a la obligación legal de implementar el programa de Gestión Ética de Colonias Felinas (CER, capturar, esterilizar, retornar a la colonia), la realidad refleja «un escenario desolador».
«Salvo contadas excepciones que han comenzado a dar pasos, la gran mayoría de las corporaciones locales, especialmente en los municipios de los pueblos, ignora la normativa. En el mejor de los casos, algunos consistorios han cumplido el trámite de publicar el programa en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para paralizarlo a continuación, dejándolo sin aplicación ni presupuesto», añaden.
Y subrayan que los municipios de menos de 20.000 habitantes carecen de la capacidad técnica y económica para asumir esta competencia en solitario, motivo por el cual han situado su protesta ante la Diputación de León.
«La responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los hombros de los pequeños ayuntamientos. Las instituciones de rango superior, como la Diputación de León, tienen la obligación moral y legal de intervenir, articulando ayudas económicas, redactando protocolos marco», sostiene Natividad Franco, gestora de colonias felinas en la comarca del Páramo y una de las impulsoras de la protesta.
Además de la desprotección animal, las gestoras denuncian la persecución social y la indefensión a la que se ven sometidas a diario mientras realizan una labor pública reconocida por la propia ley. Insultos, amenazas e intimidaciones son habituales para quienes alimentan y censan a los animales bajo su responsabilidad.
«Durante años, las personas gestoras hemos alimentado colonias, capturado gatos para su esterilización, realizado traslados, atendido animales enfermos, coordinado tratamientos y asumido numerosos gastos con recursos propios. A esta carga económica y de trabajo se suma, en muchos casos, la desprotección frente a situaciones de hostigamiento, amenazas y conflictos con particulares, así como la falta de respuesta institucional cuando solicitan ayuda», denuncia Franco.
Las personas que gestionan las colonias de gatos callejeros de la provincia denuncian que se encuentran ante una doble realidad: «Asumir tareas y costes que deberían estar respaldados por políticas públicas y, al mismo tiempo, quedar desprotegidas mientras desarrollan esa labor».
«Después de más de tres años, seguimos poniendo nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro trabajo para sostener las colonias. Y muchas gestoras, además de sentirse abandonadas por sus administraciones, tienen que enfirentarse a amenazas y hostigamiento simplemente por hacer una labor que debería estar respaldada por ellas», señala Mónica García, portavoz nacional de ‘Los gatos tienen ley’.