Los negocios "legales" de Amancio Ortega y Portugal
La compra del 13,7 % de las acciones de REN ha sido cuestionada por los dos principales partidos de la oposición, que han exigido al Gobierno más detalles del proceso.
Una transacción millonaria entre el Estado portugués y la sociedad inversora del fundador de Inditex ha desatado un intenso debate político en Portugal. La operación, que sitúa al Gobierno luso como segundo accionista de una empresa estratégica del sector energético, enfrenta el escrutinio de partidos desde la ultraderecha hasta la socialdemocracia, que cuestionan la transparencia del proceso y exigen explicaciones detalladas sobre cómo se gestó el acuerdo.
El empresario gallego, vinculado estrechamente con España por su imperio textil con sede en Arteixo (A Coruña), ha vendido su participación en una compañía clave para las infraestructuras energéticas lusas. La polémica no radica en quién vende, sino en cómo se negoció y por qué el Ejecutivo portugués pagó una prima significativa por estas acciones en un momento de cambios geopolíticos globales.
La cifra total de la operación alcanzó los 389,8 millones de euros, una cantidad que ha generado controversia tanto por su magnitud como por las condiciones en que se cerró el trato. Los partidos de oposición, especialmente Chega y el Partido Socialista, han convertido esta adquisición en un campo de batalla parlamentario, exigiendo conocer cada detalle del proceso negociador.
Detalles de la transacción energética
El Gobierno portugués ha tenido que defender públicamente en múltiples ocasiones la compra del 13,7% de las acciones de Redes Energéticas Nacionales (REN), la empresa que gestiona las infraestructuras de transmisión de electricidad y gas natural del país vecino. Las autoridades insisten en que todo el procedimiento se desarrolló en estricto cumplimiento del interés público y respetando escrupulosamente el marco legal vigente.
La operación, anunciada inicialmente el pasado mes de agosto, comenzó con una orden conjunta emitida por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente y Energía dirigida a Parpública, la entidad gestora de las participaciones estatales. Esta empresa pública seleccionó posteriormente tanto un asesor financiero como uno jurídico para dirigir las negociaciones, cuyos servicios profesionales tuvieron un coste de 100.000 euros, cifra que el Ejecutivo califica como habitual para este tipo de operaciones corporativas de gran envergadura.
La elección de Pontegadea como vendedor no fue casual. El Gobierno explicó que REN presenta un nivel de liquidez muy bajo en el mercado bursátil, lo que complica enormemente la adquisición de un paquete accionarial significativo mediante compras ordinarias en bolsa. Esta característica del mercado limitaba las opciones disponibles para el Estado si deseaba convertirse en un accionista relevante de la compañía energética.
La estrategia de negociación directa
Ante estas dificultades de mercado, el Ejecutivo portugués optó por una estrategia directa: contactar con el segundo mayor accionista de REN, precisamente Pontegadea, la sociedad inversora del magnate español. El Gobierno planteó la posibilidad de adquirir la totalidad de su participación, una propuesta que fue recibida favorablemente por la empresa gallega, según reconocen fuentes oficiales.
El factor determinante para la aceptación de Pontegadea, según explicó el propio Gobierno, fue precisamente la naturaleza del comprador: tratándose del Estado portugués, la operación ofrecía garantías de seriedad y solvencia. A partir de ese momento inicial, Parpública asumió completamente la negociación, respaldada por los asesores contratados, mientras el Gobierno se limitó a autorizar la conclusión final del acuerdo.
Esta adquisición convierte al Estado portugués en el segundo mayor accionista de REN, situándose únicamente por detrás de la estatal china State Grid, que mantiene una participación del 25% en la empresa. La presencia china en infraestructuras estratégicas europeas ha sido motivo de preocupación en Bruselas durante los últimos años, especialmente en sectores sensibles como el energético.
Relaciones internacionales y geopolítica energética
Consciente de las sensibilidades geopolíticas, el Ejecutivo portugués comunicó expresamente al Gobierno chino que su entrada en REN no alteraría la participación del 25% de State Grid. Más aún, Portugal manifestó su interés explícito en que la empresa china continúe siendo el accionista de referencia de la compañía, una declaración que busca mantener el equilibrio de poderes en el accionariado.
Esta postura portuguesa refleja el complejo equilibrio que deben mantener los países europeos entre garantizar la soberanía sobre infraestructuras críticas y mantener buenas relaciones comerciales con potencias extracomunitarias. España ha enfrentado debates similares respecto a inversiones chinas en sectores estratégicos, desde puertos hasta redes eléctricas.
La polémica del precio y la prima pagada
Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el precio final pagado por las acciones. El Gobierno portugués abonó una prima del 15% por el paquete accionarial, una sobretasa que se calculó aplicando un método habitual en el mercado, basado en la cotización media de los últimos seis meses. Esta prima, aunque estándar en operaciones de bloques significativos, ha sido cuestionada por la oposición.
Inicialmente, Pontegadea solicitó una prima del 20%, cantidad que finalmente fue negociada a la baja hasta el 15% acordado. El Gobierno defiende que este descuento respecto a la petición inicial demuestra una negociación eficiente en defensa de los intereses públicos. Sin embargo, los críticos argumentan que cualquier prima representa un coste adicional innecesario para las arcas públicas.
La respuesta del ejecutivo portugués
Para justificar la inversión, el Gobierno portugués ha presentado varios argumentos de peso. Destaca que Portugal era el único país de la Unión Europea cuyo Estado no participaba como accionista en la empresa gestora de la Red Eléctrica Nacional. Esta anomalía situaba al país en desventaja estratégica respecto a sus socios comunitarios, especialmente en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas globales.
La importancia cada vez mayor de la energía en las relaciones internacionales, acentuada por conflictos recientes y la transición hacia fuentes renovables, convierte a las redes de distribución en activos estratégicos de primer orden. Desde España, país que también mantiene participación estatal en Red Eléctrica Española, se observa con atención cómo Portugal refuerza su posición en este sector crítico.
El Ejecutivo luso insiste además en que se trata de una inversión rentable a largo plazo, no simplemente de un gasto político. Las empresas de infraestructuras energéticas suelen ofrecer rendimientos estables y predecibles, lo que las convierte en activos atractivos para inversores institucionales y estados.