El Congreso de los Diputados aprueba la Ley del Ruido

España es después de Japón el país más ruidoso del mundo, en el que la población está expuesta a niveles de ruido superiores a los permitidos. Para prevenir y reducir la contaminación acústica, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley del Ruido con la que se adapta la directiva comunitaria que establece un sistema para diagnosticar y reducir los niveles de ruido y mejorar la salud, la calidad de vida y el medio ambiente. Según se recoge en el texto, dependiendo del uso del suelo (industrial, residencial, sanitario, docente, etcétera) los municipios se dividirán en zonas acústicas en las que se fijarán valores máximos de ruido atendiendo a los índices de emisión e inmisión, el grado de exposición de la población, la sensibilidad de la fauna o la presencia de patrimonio histórico, aplicándose igualmente al interior de los edificios destinados a vivienda, zonas residenciales, hospitales, centros docentes o culturales. Por su parte, los territorios afectados por infraestructuras relacionadas con el transporte (viario, ferroviario o aéreo) pasarán a denominarse «zonas de servidumbre acústica» lo que supondrá que los edificios que en ellos se levanten deberán construirse de forma que quede garantizada la calidad acústica en su interior. Los mapas sonoros Una vez se fijen los valores límite de los índices acústicos, las 15 ciudades con más de 250.000 habitantes deberán elaborar sus mapas de ruido antes del año 2007 y tendrán un año más para implantar medidas correctoras. Las poblaciones de 100.000 a 250.000 habitantes dispondrán de cinco años más de plazo. Además, se destinarán 30 millones de euros para redactar los correspondientes a los 11 aeropuertos con más de 50.000 movimientos anuales, así como los de los 24 ejes viarios con más de 6 millones de vehículos y una longitud total de 2.546 kilómetros, y los grandes ejes ferroviarios con un tráfico superior a 60.000 trenes al año. Los mapas sonoros facilitarán a los ciudadanos información sobre la contaminación acústica calle a calle y fachada a fachada. Además, servirán para establecer programas de actuación a través de acciones puntuales en zonas críticas (hospitales, colegios), o cambios en la planificación urbana como reducir la velocidad, instalar pantallas acústicas, mejorar el pavimento, potenciar el transporte público o peatonalizar las calles. Igualmente, podrán aplicarse restricciones horarias a la circulación o ejecución de obras en las zonas más ruidosas, prohibir la instalación de nuevos centros emisores o llegar hasta la clausura definitiva o temporal de los existentes, por un máximo de cinco años. En cuanto a las infracciones, se prevén multas de hasta 12.000 euros para las graves y de hasta 300.000 euros para las muy graves.