Sin hogar, sin comida y sin nada

Unas 30.000 personas se ven obligadas cada noche en España a dormir en la calle para la falta de plazas de acogida suficientes, según denuncia Cáritas con motivo de la celebración ayer el Día de los Sin Techo. Este año la organización humanitaria celebra esta conmemoración bajo el lema «La habitación de Juan, Eva, Omar. Personas Sin Techo. Personas». «El cálculo es bien sencillo: en España tan sólo se ofrecen actualmente alrededor de 10.000 plazas de alojamiento alternativo, mientras que, según las estimaciones del estudio promovido por Cáritas en el año 2000, en nuestro país hay unas 30.000 personas viviendo en la calle, en el sentido más literal del término», añade en un comunicado. Según señala Cáritas, en una gran parte de estas plazas se ofrecen servicios de cobertura de necesidades básicas (comedor, ducha y ropero) y sólo unos pocos ofrecen otro tipo de servicios (talleres ocupacionales y atención psicológica). Asimismo, apunta que sigue existiendo un predominio de centros orientados hacia un tipo de población muy tradicional (varón, solitario, mediana edad), que los tiempos de estancia son muy limitados, que existe una visible falta de intimidad y que tienen escaso presupuesto. En este sentido, recuerda que la gestión de estos alojamientos está de forma mayoritaria en manos de organizaciones privadas (un 86 por ciento), mientras que un 2 por ciento son de gestión mixta y otro 12 por ciento son centros públicos. En el sector privado, por su parte, los centros encomendados a Cáritas suponen el 46 por ciento, a otras entidades religiosas el 21 por ciento y a otras fundaciones o grupos laicos, un 19 por ciento. Por otro lado, recalca que el gasto total destinado a albergues del Plan Concertado en el año 2000 ascendió a 4,3 millones de euros, lo que supuso una disminución de un 4,5 por ciento desde 1997, a la vez que la población de personas sin hogar atendidas en estos centros pasó de 26.554 a 15.879, lo que significa un descenso del 40 por ciento. Ante esta realidad, Cáritas quiere poner el acento en la importancia de la habitación (vivienda) como necesidad de primer orden, sobre la que se sustenta uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Además, propone, junto con la Federación de Asociaciones de Centros para Integración y Ayuda a Marginados (Faciam), una actuación conjunta de las Administraciones públicas y de la sociedad que permita afrontar la mejora de las condiciones de vida de estas personas mediante el establecimiento de leyes y la mejora de las condiciones de gestión de los servicios. Para ello, plantean incrementar el gasto en vivienda hasta el 2 por ciento del PIB (el doble del gasto actual), construir 30.000 viviendas públicas anuales, erradicar las situaciones de chabolismo e infraviviendas, planificar actuaciones sobre los barrios deteriorados, asegurar viviendas de acogida y alternativas residenciales; e intensificar la lucha contra la especulación y el fraude.