A la cárcel por no copiar

¿Se imagina a su hijo de 13 años en un juzgado porque tiene instalado un programa en su ordenador que no ha usado nunca y pagar una multa por ello? ¿O usted mismo acusado de tenencia ilegal de programas de copia como si fuera un vulgar narcotraficante? Pues esto, que parece sacado de la novela de ciencia ficción de Frederik Pohl, La llegada de los gatos cuánticos , podría ocurrir en España con la intención del Gobierno de incluir en la nueva redacción del Código Penal la prohibición de los programas diseñados para romper los sistemas que impiden copiar los contenidos de los discos compactos, los DVD y los libros electrónicos. El Senado ya ha aprobado la reforma, que, según los usuarios, va a producir la eliminación del derecho de copia privada. Ahora será el Congreso quien le dé el visto bueno. Esto significa, en la práctica, que las grandes distribuidoras, incapaces de controlar las copias gratuitas de una mínima cantidad de usuarios de informática, están aprovechando la creciente ola de proteccionismo y reducción de libertades que se da en los gobiernos que se suponen liberales en lo económico. Una vez más se puede comprobar como la tradición se resiste a la innovación, ya que las empresas discográficas y cinematográficas pretenden mantener un sistema de producción y distribución que la propia tecnología y los usos sociales de la gente se han encargado de dejar obsoleto. ¿El Windows XP, ilegal? La cuestión fundamental estriba en que los grandes intereses influyen en un sector del conglomerado político de los países que por su ideología tradicionalista no comprende los cambios aportados al mundo por la Red. Así, la ley que pretende aprobar el Gobierno podría hacer que el propio Windows XP -que incluye entre sus herramientas un sistema para copiar datos en CD-Rom- fuera considerado un programa ilegal. O cualquier programa de grabación de datos, y, por ende, las propias grabadoras podrían considerarse como un sistema de copia. Una cuestión tan evidente no ha sido contemplada por la nueva legislación, que intenta prohibir «la fabricación, importación, distribución e incluso la tenencia de cualquier aparato específicamente destinado a eludir las protecciones tecnológicas de los contenidos». Es decir, que cualquier persona que tenga una grabadora de datos, de DVD o incluso una tarjeta pirata de la plataforma digital por satélite en la televisión, aunque no la use, podría verse metida en un proceso judicial con la posibilidad de terminar entre seis meses y dos años en la cárcel y con una fuerte multa. Pero claro, lo lógico, por parte del Gobierno, es explicar que las penas máximas se aplicarían a las personas que se les pillara con una gran cantidad de sistemas o tecnología de este tipo; o los que, de forma reiterada los colgaran en la Internet o pusieran enlaces a ellos en sus páginas; o los que, sencillamente, los creen. Medida excesiva Pero también existen penas mínimas, con lo que cualquiera que fuera pillado con las manos en la masa recibiría una multa. La medida es exagerada a todas luces, puesto que puede llegar a provocar que haya padres que paguen multas de pequeña y mediana cantidad sólo porque sus hijos defiendan su derecho a la copia privada en la Red. Y todo porque las grandes compañías no quieren cambiar su sistema de distribución ante un cambio social tan importante como Internet y porque los legisladores, a veces, no saben bien qué están legislando. Más información: www.senado.es/legis7/expedientes/index_621000145.html