Pocos resultados en seis años

Una de las medidas legales más emblemáticas en la protección del derecho a la salud del no fumador es la prohibición, que rige en nuestro país desde 1998, de fumar en lugares públicos como centros educativos, hospitales, aeropuertos, estaciones de tren y bus, edificios de la Administración, gasolineras, bibliotecas, museos, medios de transporte, entre otros lugares. La revista Consumer publicó un estudio en febrero del 2003 que desvelaba un amplio incumplimiento de la norma. Los datos difícilmente pueden ser más elocuentes: si en 1998 fumaba al menos algún usuario en el 44% de los lugares en que estaba prohibido, en el 2003 se consumía tabaco en el 46% de estos espacios teóricamente libres de humo nicotínico. Y si entonces sólo en el 3% de estos ámbitos protegidos se brindaba a los fumadores la posibilidad de fumar en un sala específica para ellos en el 2003 la proporción seguía en un exiguo 4%. El único dato esperanzador de este informe es que si en 1998 el 33% estos espacios libres de tabaco fumaban los empleados (al menos, alguno de ellos) el pasado año la proporción se queda en el 24%. Según el informe se fumaba en todas las universidades públicas visitadas (un total de 12 en otras tantas ciudades), en todas las estaciones de autobuses y en casi todas las de tren, en todos los aeropuertos, en la mitad de los ayuntamientos, diputaciones o gobiernos autonómicos, en el 42% de los institutos públicos de enseñanza media, y lo que es aún peor, en uno de cada tres hospitales y gasolineras.