Los papeles de Salamanca

EL GOBIERNO ha decidido aceptar el dictamen del comité de expertos sobre los papeles de Salamanca» con lo que el traslado a Barcelona de los 507 legajos archivados bajo la denominación Generalitat de Catalunya se producirá de forma inminente. Si se contempla el asunto con racionalidad y con cierta distancia, se entenderá pronto que la vieja reclamación catalana resulta inobjetable, por lo que colmarla es de absoluta justicia. Los referidos papeles son nada más y nada menos que el archivo resultante de la gestión corriente de la Generalitat durante el período 1932-1939 en que dicha institución existió legalmente, hasta su abolición por los vencedores de la guerra civil, que trasladaron asimismo el acervo documental a Salamanca. No parece, pues, descabellado que la Generalitat restaurada reclame su patrimonio documental, que indiscutiblemente le pertenece. Tal evidencia ha sido además ratificada por la mencionada comisión, formada por 17 personalidades que representan al mundo de la cultura y universitario, algunos convocados a título personal y otros comisionados por las instituciones implicadas en el contencioso; es bien significativo que ninguno de ellos se haya opuesto a la restitución y que sólo tres, ligados a Salamanca, se hayan abstenido. Es claro que la cuestión tiene vertientes políticas y sentimentales que no pueden ignorarse. Los legajos que ahora se reclaman fueron en su día botín de guerra por lo que su reversión tiene resonancias históricas. Asimismo, quienes demandan la restitución y quienes habrán de cumplimentarla son ocasionalmente adversarios políticos Es, pues, patente que el cierre de la herida que se producirá con la devolución abre otras heridas nuevas. Ya se sabe que la superación del pasado y la conquista del futuro nunca son designios totalmente incruentos, pero comienza a preocupar que las dos grandes fuerzas políticas, que deben competir saludablemente entre sí como es natural, trasladen con demasiada frecuencia sus querellas al plano de la rivalidad territorial. Es claro que en la cuestión de los archivos de la Generalitat, el PP defiende los intereses de Castilla y León, en tanto el PSOE se ha puesto de parte de las reclamaciones catalanas. Pero más grave aún que el diferendo de los papeles catalanes es, evidentemente, el suscitado por el Plan Hidrológico, que ha deteriorado gravemente la relación entre las comunidades levantinas, de un lado, y Aragón (y, hasta cierto punto, Cataluña), de otro. Con la particularidad de que el PP, inspirador del trasvase del Ebro, se ha alineado con aquellas y el PSOE con éstas. Momentáneamente al menos, el trasvase se ha paralizado, lo que, en una primera aproximación al problema, representa el triunfo de la insolidaridad sobre la magnanimidad, de una visión reaccionaria de España sobre otra integrada y cooperativa. La superposición de la rivalidad política con la territorial se ha extendido a otros ámbitos; así, en la disputa sobre la relación entre las lenguas valenciana y catalana, el PP apuesta por las tesis valencianistas, en tanto el PSOE defiende las catalanistas. No hay que alarmarse demasiado porque las cosas discurran de este modo porque en todos los estados descentralizados se solapan con frecuencia las disputas de índole territorial con las confrontaciones ideológicas. Es lógico que así suceda porque frecuentemente los territorios concretos, por su estructura, encuentran mejor defensa para sus intereses en unas ideologías que en otras. Pero es peligroso profundizar en esta dirección porque, si se ahonda demasiado, será imposible mantener determinados consensos fundacionales, que deben ser preservados por los grandes partidos. Esas fracturas darán paso a otras. Y ya se advierte que la reforma estatutaria catalana, por ejemplo, encuentra mucha mejor acogida en el PSOE que en el PP, cuando lo deseable sería que, como en el pasado, los dos partidos que vertebran el Estado caminasen juntos por la senda del cambio institucional.