En la lista de Garzón

Lo malo que tiene el pasado es que no se puede ocultar. Setenta años después de la ignominia, del asesinato colectivo, del tiro en la sien al borde de una cuneta, florece la verdad. La labor iniciada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica aporta resultados; los de ayer son los del día después del auto del juez Garzón, que abre diligencias para conocer donde se hallan los miles de desaparecidos durante la guerra del 36 y la dictadura de Franco. Ocho ya tienen paradero: una fosa común (de la patente que emplearon los genocidas serbios contra la población bosnia) al pie de la N-601, en el límite del municipio de Izagre y la provincia de Valladolid. Ocho víctimas, ocho hijos, ocho padres, ocho almas a los que su familia no pudo ni dar sepultura, salen a la luz. Otra gesta plena de humanidad de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ejerce el papel que en otros lugares asume el Estado: «Hay algunos países que en pleno desarrollo de la democracia dan respuesta y resuelven crímenes pasados y estados democráticos en los que esa función la desarrollan sólo asociaciones de voluntarios», esgrime Santiago Macías, vicepresidente de la ARMH. Él mismo fue testigo del operativo al sur de León: tras casi diez horas de rastreo aparecieron los cuerpos: María Alonso Ruiz, Isaac Nistal, Abraham Becares, Julio Fernández, Ángel González, José Alejo, Eumenio Carnicero y Patricio Martínez, bañezanos, protagonistas de la saca y el entierro en octubre del 36, víctimas de un asesinato, no pudieron elegir entre el monte o la fosa. Bien cerca esperan turno 11 muertos más, otros dos al lado; siete décadas de espera para verle la cara a la Justicia; casi un siglo para ser entregados a los suyos, para lograr un hueco de dignidad, un lugar al menos en la lista de Garzón.