martes. 29.11.2022

La Fiscalía Anticorrupción solicita un conjunto de penas que suman 138 años de cárcel para los dieciséis encausados, entre exaltos cargos de la Junta y empresarios, por la denominada trama eólica y multas cuyo importe supera los 848 millones de euros por delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, extorsión y cohecho.

Han pasado ocho meses desde que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid dictara auto de imputación contra los encausados y más de tres años de que se iniciaran las diligencias.

La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es la solicitada para Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva, ya fallecido. Le sigue el empresario Alberto Esgueva, con 12 años y 68 millones de multa, el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa, y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.

En la lista de imputados figuran otros ocho con seis años de cárcel de solicitud de pena, como Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que se piden 100 millones de multa, Rafael Icaza, de Ibercyl, también con idéntica petición de multa, Francisco Esguveva, con 60 millones, los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Angel Llorente, de la empresa Collosa y a los que se piden 45 millones de multa, Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de multa, y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, expuesto a una multa de ocho millones.

Además, Anticorrupción pide cuatros años y 721.000 euros de multa para el empresario Marc Nodelar, de Solar Land Word SL, e idéntica pena privativa de libertad y 215.000 euros para María del Mar Moreno, eexsposa de Alberto Esgueva, mientras que para Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, se solicitan diez años de inhabilitación.

La ‘trama eólica’ tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos.

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, dijo ayer que se confirma «que la trama eólica era la mayor trama de corrupción de la historia» de la Comunidad.

Anticorrupción pide 138 años de cárcel para los encausados en la trama de las ‘eólicas’
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