Los fiscales investigan al exrey desde 2015
Los fiscales del Tribunal Supremo que investigan al rey emérito buscan indicios sobre la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública a partir de 2015 , el último ejercicio que no se consideraría prescrito. La confirmación de que Juan Carlos I omitió ingresos tributarios por una cantidad superior a los 120.000 euros en alguno de esos cinco años fiscales abriría la puerta a perseguir un segundo delito, el blanqueo de capitales.
La jurisprudencia del alto tribunal estima el delito fiscal (defraudación de la cuota tributaria por encima de esos 120.000 euros) como antecedente necesario para el blanqueo. Este ilícito penal se demuestra si de las cuentas de las que fue titular el anterior monarca (como el depósito 505523 en el banco suizo Mirabaud, donde estaba hasta su disolución la Fundación Lucum y de la que era primer beneficiario) hubiera salido dinero hacia otras cuentas con las que se hubieran cubierto gastos personales.
La Fiscalía suiza sostiene que los 64,8 millones de euros que Don Juan Carlos transfirió en junio de 2012 desde Lucum hasta la sociedad Solare, depositada en el banco suizo Gonet&Cie en Bahamas, estaba a nombre de su excompañera sentimental Corinna Larsen. Y que la empresaria germano-danesa pudo haber usado este dinero bajo sospecha por su presunto origen ilícito (posible corrupción en negocios internacionales por las presuntas comisiones del contrato del AVE saudí) para seguir realizando inversiones cuando dispuso del dinero.
La presunta conexión del delito fiscal con el blanqueo de capitales traería una segunda novedad en las diligencias abiertas el pasado 8 de junio por la Fiscalía del Supremo, dada la condición de aforado del exjefe del Estado después de perder la inviolabilidad tras su abdicación en 2014. El fraude tributario tiene un plazo de prescripción de cinco años, pero el blanqueo eleva ese periodo hasta los diez años. Según el tenor literal del Código Penal, y si se demuestran ambos ilícitos, computaría el segundo de ellos para dirimir la vigencia de la responsabilidad penal, por lo que ya no se trataría de hechos posteriores a 2015 sino a 2010.
Hasta la fecha, parte de la documentación remitida por el fiscal suizo Yves Bertossa a las autoridades españolas -y cuya traducción se está ultimando para ser entregada al fiscal español Juan Ignacio Campos, responsable de las diligencias-, versa en su mayor parte sobre el periodo comprendido entre 2003 y 2012, según señalan fuentes jurídicas.
Tres momentos clave
Faltaría por enviar una segunda tanda de información sobre las pesquisas que Bertossa abrió por blanqueo y fraude fiscal, tras el registro hace dos años del despacho en Ginebra de Arturo Fasana, gestor contable del rey emérito. En esa etapa tuvieron lugar los siguientes hitos para la investigación: creación en octubre de 2003 de la Fundación Zagatka, cuyo primer beneficiario es Alvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I; disposición de una cuenta en Credit Suisse donde administra unos diez millones de euros. Además, los dos gestores suizos de Juan Carlos de Borbón, Dante Canonica y Fasana, están vinculados a esta sociedad desde la que se abonaron supuestamente gastos privados al monarca.
En junio de 2008 se registró la Fundación Lucum en Panamá , en cuya cuenta del banco suizo Mirabaud se ingresan los 100 millones de dólares que el rey saudí Abdalá, ya fallecido, «regaló» a su «hermano» español. En 2009, el exjefe del Estado autorizó «préstamos» por 2,2 millones de euros a Corinna Larsen para que adquiriera un dúplex en los Alpes a través de dos sociedades, Calden y Siam. Y en junio de 2012, dos meses después del incidente del safari de Botsuana que quebró la confidencialidad bancaria de su ‘cliente vip’, transfirió todos los activos de Lucum a su examante y dio la orden a sus gestores de disolver la fundación.
En esta operativa mercantil encargada al abogado Canonica se incluyó una cláusula para que fueran expresamente excluidos Felipe VI y las infantas, de manera que no pudieran reclamar el dinero como herencia. No obstante, el rey ya renunció a cualquier beneficio o participación en Lucu, según comunicó el 15 de marzo.