Transparencia insta a Interior a aclarar si paga escolta a Iñaki Urdangarin
Iñaki Urdangarín en una imagen de archivo. CATI CLADERA
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio del Interior a aclarar si Iñaki Urdangarin, separado de Cristina de Borbón, dispone de servicio de escolta con cargo a los Presupuestos del Estado, y, de ser así, cuánto cuesta y desde cuándo disfruta del mismo.
El órgano encargado de velar por la aplicación de la Ley de Transparencia ha dado la razón a un ciudadano que presentó una reclamación ante la negativa del Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a darle esa información alegando que se trata de información secreta.
Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel por el ‘Caso Nóos’, pero está el libertad condicional desde el pasado mes de marzo tras participar en un plan de reeducación para condenados por corrupción.
Interior se negó a proporcionar la información demandada por un ciudadano argumentado que tiene está protegida por una «calificación oficial de reserva» y que su difusión o conocimiento por «personas no autorizadas puede poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección como la de los agentes encargados de la misma».
Transparencia ha comprobado que, efectivamente, las plantillas de personal y medios de equipo de las unidades» están genéricamente catalogadas como información reservada y que el fin último de esa clasificación es «proteger la seguridad y defensa del Estado». En ese contexto, señala que «en coherencia con ello, la totalidad de las clasificaciones que se formulan tienen por objeto informaciones referidas a las Fuerzas Armadas, no a las Fuerzas de Seguridad del Estado», por lo que, a su juicio, la información que reclama el demandante de los datos sobre la escolta de Urdangarin no puede considerarse secreta.
Aquel Acuerdo dde 1986 declara reservados «los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos así como de las unidades, centros u organismos de las Fuerzas Armadas y de los centros de producción de material de guerra». También «los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma, específicamente los de las autoridades y de los miembros de las Fuerzas Armadas».