lunes. 05.12.2022

El caso que cierra el Supremo arrancó el 20 de mayo de 2013, con la denuncia del Ministerio Fiscal de León (tras la presentada por IU y Ecologistas en Acción a la Fiscalía autonómica) que remitía un informe pericial del Banco de España de marzo de ese año, que recogía 29 operaciones de Caja España y 17 de Caja Duero, formalizadas entre enero de 2007 y comienzos de 2012, sobre préstamos, avales, financiación y refinanciaciones

a varias empresa vinculadas a Santos Llamas, que fue presidente de la entidad con sede en

León entre julio de 2006 y octubre de 2010. Desde entonces, y

hasta octubre de 2012, fue consejero de la entidad fusionada

Caja España-Duero. Se destaca especialmente la reestructuración de la deuda del

grupo Llamas aprobada el 8 de

enero de 2009, que no se adaptaba a la circular del Banco de

España y debía haber sido calificada como dudosa por morosidad. El fiscal consideró entonces que los consejeros de la entidad habrían cometido un presunto delito de administración desleal.

En junio de 2013 se incoaron las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción Número 5

de León, por presunto delito societario, aunque entonces no se

señaló a ninguna persona como

responsable de los hechos. En septiembre de ese año los peritos del Banco de España enviaron un documento con la información requerida por el juzgado, y en diciembre se trasladó el inicio de las diligencias a las partes.

El Ministerio Fiscal solicitó la declaración de los peritos en

octubre de 2014, y en marzo de

2015 reclamó que declaren como imputados los miembros que eran del consejo de administración de Caja España el 8 de enero de 2009. Se fijó su declaración para los días 26 y 29 de mayo. aunque finalmente se suspendieron todas las declaraciones.

El 3 de diciembre de 2015 el juzgado rechazó la prescripción del supuesto delito que reclaman las defensas. Y en marzo de 2017 se repitió declaración de los peritos, y el Ministerio Fiscal solicitó la prórroga del plazo de instrucción, reclamando de nuevo la declaración de los consejeros de la entidad financiera.

En enero de 2018 el juzgado declaró que no había lugar al sobreseimiento de la causa y archivo solicitado por la defensa de Martínez Maíllo., uno de los consejeros investigados. A excepción de él, los consejeros acudieron a declarar en febrero de 2018; y el 6 de marzo el Juzgado declaró extinguida la responsabilidad penal de la causa

por prescripción y acordó el sobreseimiento de la misma.

IU recurrió a la Audiencia Provincial, a lo que se adhirió el fiscal; y en septiembre de ese año se pronunció en el mismo sentido.

Siete años de análisis sobre las operaciones
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