El exalcalde 'despilfarrador' de Valderas se sienta en el banquillo
Será juzgado en la Audiencia Provincial desde el 7 de noviembre acusado de prevaricación
Eloy Rubio, anterior alcalde de Valderas por el Partido Popular. BRUNO MORENO
El alcalde de Valderas en el mandato de 2007 a 2011, Eloy Rubio , se enfrenta a una pena de quince meses de prisión, acusado de un delito continuado de prevaricación y otro de cooperador necesario para la usurpación de funciones públicas.
El Ministerio Fiscal también propone para él una pena de cinco meses de multa a razón de diez euros diarios (1.500 euros), la inhabilitación para ejercer como cargo público durante nueve años y la prohibición de desempeñar funciones profesionales en empleo público durante nueve años.
Será juzgado en la Audiencia Provincial a partir del próximo día 7 de noviembre. Junto a él será juzgada una agente de Desarrollo Local que terminó desempeñando funciones de secretaria. Se proponen para ella las mismas penas desde la Fiscalía.
Las acusaciones particulares entienden que Rubio incurrió también presuntamente también en falsedad documental e infidelidad en custodia de documentos públicos. Sugieren pena que van de los cuatro a los diecisiete años de prisión.
Según los escritos de estas partes, que conforman el Ayuntamiento de Valderas y una concejala que se siente perjudicada, ambos acusados «son quienes disponen de los fondos del Ayuntamiento , no justifican el destino que dan a las cuantías de las que disponen con cheques al portador, ni tampoco a las cantidades que ingresan en la caja municipal sin concepto alguno y que posteriormente desaparecen de la misma, sin que conste tampoco el destino de las cantidades detraídas», que se elevan a 165.000 euros aproximadamente. Los gastos no justificados ascienden a más de 900.000 euros.
El Seminario fue una de las grandes obras. MEDINA
La agente venía desempeñando “de facto” las funciones propias de la Secretaría-Intervención desde fecha indeterminada. Posteriormente fue nombrada como tal, en fechas 3 de noviembre de 2008 (como Secretaria Interina), 17 abril de 2009 (como Secretaria Accidental) y 22 de abril de 2009 (como Secretaria Interina), siendo propuesta por el otro acusado y nombrada por Decreto de la Alcaldía.
El día 25 de septiembre 2009 cesa en dicho cargo, «aunque sigue llevando a cabo actuaciones propias del mismo, tal y como quedará constancia con los documentos de fechas posteriores que constan en los Autos, incluso estando ocupado el puesto de Secretaría-Intervención por otra persona».
En cualquier caso, siempre según las acusaciones particulares, dichos nombramientos «eran ilegales, como confirmó la propia Consejería de la Presidencia, Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León, mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2011; siendo perfectamente conocedores ambos procesados de la ilicitud de dicho nombramiento y de las actuaciones que se venían realizando».
Los nombramientos de las sospechosa «no se efectúan por el órgano competente de la Junta de Castilla y León, sino por el propio alcalde, además vulnerando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, al no seguirse procedimiento alguno para ello. Todo lo anterior tenía como objeto hacerse con el control efectivo de la gestión del Ayuntamiento con el fin de desviar sus fondos para su lucro personal».
El Ayuntamiento de Valderas, erigido en acusación particular, propone para Eloy Rubio la pena de cuatro años de prisión, multa de 18 meses a razón de 10 euros/día e inhabilitación especial de cuatro años por el delito continuado de falsificación de documentos públicos; la pena de inhabilitación especial de quince años por el delito continuado de prevaricación, así como la pena de multa de seis meses a razón de 10 euros al día y suspensión de empleo o cargo público durante dos años.
También juzgan a la secretaria
La otra acusada, Licenciada en Derecho y colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid inicialmente realizó funciones de confianza del alcalde sin contratación municipal para después ser contratada como agente de desarrollo local.
Pese a esta circunstancia el otro acusado Eloy, la nombró como Secretaria- Interventora del Ayuntamiento Municipal en fecha de 03-11-2008 y nuevamente en fecha de 02-06-2009; pese a que se constató el cese en fecha de 25-05-2010 , firmado por el alcalde.
La acusada, en connivencia con él, prosiguió en el ejercicio del cargo de clavera municipal.
En mayo de 2009, para pagar la carpa instalada por una empresa, la secretaria emitió un pagaré por 5.397,11 euros plasmando su firma e imitando la de la concejal tesorera, que se presenta como acusación particular en esta causa de carácter penal.