La Junta destapa en León 2 casos de menores bajo tutela víctimas de violencia sexual

«Nos dimos cuenta que teníamos un problema, desconocíamos el alcance real de la explotación sexual en Baleares. Fuimos la primera comunidad autónoma en admitirlo». Susana Pulido, de la Fundación Amaranta, asegura que la explotación sexual infantil responde a causas estructurales que hacen «compleja» la intervención de los profesionales que trabajan con la infancia.

Una complejidad que dificulta la detección y la prevención de la violencia sexual de los menores de edad (niños y niñas), por lo que las estadísticas que se ofrecen no corresponden con la realidad «oculta» .

«Todavía no estamos detectando la realidad de lo que pasa, no sabemos lo que hay por lo que sospechamos que las cifras son mucho mayores de lo que reflejan las estadísticas».

Para destapar el alcance real de la explotación sexual infantil «falla la mirada de los profesionales, que no estamos preparados para detectarlos y por eso están ocultos, son un tabú. Hay que estar muy entrenado para detectarlos».

La directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, asistió este lunes a la inauguración de la primera jornada de formación de prevención y detección de la explotación sexual a niños, niñas y adolescentes, en la que participan treinta profesionales del ámbito de la infancia y adolescencia de León. La formación está impartida por la oenegé Plan Internacional, la Fundación Amaranta y la Asociación Trabe.

«La formación que hemos iniciado hoy está dirigida a los profesionales de los servicios sociales y al resto de los profesionales que trabajan con menores. Esta formación va dirigida a prevenir y detectar la violencia sexual sobre todo en los sistemas de protección, donde tenemos a los menores tutelados», aseguró ayer la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez.

Más de 500 profesionales de toda Castilla y León de los campos de sanidad, educación, de colegios profesionales de todos los ámbitos sanitarios y ocio y tiempo libre, de los servicios sociales y asociaciones que trabajan con la infancia se han inscrito hasta la fecha en los cursos de formación.

«Castilla y León aprobó en 2002 aprobó la Ley de Protección a la Infancia que en su momento fue pionera y secundada por todas las comunidades autónomas, incluso por el Estado, y hace 20 años ya preveía medidas y actuaciones contra la violencia sexual a los menores, declarando la situación de desamparo.

En el decreto del año 2003 se contemplaban las medidas de protección y este año 2021, paralelamente a la aprobación de la ley estatal de ‘Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia’, se revisó este decreto para contemplar medidas coordinadas para actuar entre todos los profesionales contra la violencia sexual en la infancia y adolescencia (abuso sexual o explotación sexual). Tenemos protocolos para los menores, para los profesionales de educación y sanidad para prevenir, detectar y actuar lo más diligente posible».

Un total de 370 menores están dentro del sistema de protección de menores en Castilla y León, de los que 125 están en los 18 centros de menores de la provincia de León. «El año pasado declaramos a 15 menores en Castilla y León, 14 por abusos sexuales y uno por explotación sexual. En León detectamos el año pasado dos casos de violencia sexual en menores que estaban en el sistema de protección, se activaron los protocolos y se actuó con la mayor diligencia posible, con denuncia a la fiscalía y los jueces y un desarrollo de sinergia de los profesionales». La directora general no especificó si los dos casos denunciados ocurrieron dentro de los centros de menores o en el exterior, y tampoco aclaró si fueron casos de explotación o de abusos sexuales.

La Consejería de Familia recogerá la aportación de los profesionales tras la formación «y revisaremos estos protocolos que tenemos en el ámbito educativo, sanitario y servicios sociales para coordinarnos con el ámbito estatal».

Vázquez asegura que el «entramado de profesionales» y la red creada es «suficientemente amplia» para detectar los posibles casos. «Lo que estamos haciendo ahora es incidir en la formación debido a que hay una ley y se ha trabajado con el Estado en un plan específico para el sistema de protección y se trata de mejorar, revisar y detectar lo máximo posible para proteger a nuestros menores de los casos de violencia sexual».

Las organizaciones que forman a los profesionales que trabajan con menores manejan datos de estudios recientes que señala que la victimización sexual infantil es un problema muy frecuente que afecta a uno de cada cinco menores de edad en Europa. En una investigación realizada por la Fundación Anar (ayuda a niños y adolescentes en riesgo) refleja que los casos atendidos han aumentado un 300% pasando de los 273 en 2008 a los 1.093 en 2020 y refleja un incremento medio del 20,5% en los últimos cinco años «cuando se ha producido un aumento significativo de los abusos a través de las redes y aplicaciones de mensajería».

Las organizaciones infantiles sospechan que los datos no reflejan la realidad. «Puede que ni los padres detecten si sus hijos e hijas son víctimas de explotación sexual, es un problema que no está abordado completamente», asegura Susana Pulido, de la asociación Amaranta. «La formación tiene que ir dirigida a todos los profesionales porque no todos los menores están en los centros de protección». Es un problema «infraidentificado» del que, por lo general, se tiene la creencia de que solo afecta a los menores tutelados «y no es así».

El mayor reto es acercarse a la dimensión real del problema. La explotación sexual suele ser principalmente cometida por personas adultas no reconocidas por los menores. «Es más difícil identificar a los agresores ya que son múltiples clientes». La Asociación Amaranta insiste en que apenas hay estudios y recursos especializados. «No sabemos de cuántos casos estamos hablando. A veces no se trata al menor como víctima por la creencia de que lo hace porque quiere. Incluso la víctima es tratada como exploradora ya que capta a otras víctimas. La explotación sexual infantil implica siempre abuso sexual».

Para abordar la prevención, los profesionales recibirán formación sobre el marco conceptual, jurídico, prevención, factores de riesgo, indicadores de posibles situaciones de explotación sexual, violencia sexual en el entorno online y programas de atención a la víctimas y actuaciones de reparación.

El Informe sobre los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual en España 2020 , elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad recoge que la delincuencia sexual disminuyó en 2020—año de la pandemia— un 14% respecto al año anterior. La reducción está relacionada con las restricciones especiales generadas por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con este informe, en España se han identificado desde 2016 un total de 885 víctimas de explotación sexual, 29 de ellas personas menores de edad, 2 niñas y 1 niño en 2020.

Turismo y explotación

Una de cada cinco niñas se casa cuando aún son menores de edad. El informe del Ministerio del Interior destaca que actualmente sólo se dispone de datos cuando se enmarcan dentro del delito de trata con fines de matrimonio forzoso. De acuerdo a la memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2018 se incoaron 6 delitos de trata con fines de matrimonio forzoso, que afectan mayoritariamente a menores de edad de origen rumano y marroquí.

También existe la explotación sexual de la infancia y la adolescencia en el contexto de los viajes y el turismo, aunque en este caso no se disponen de datos concretos sobre esta problemática y que afecta tanto a personas que viajan o se desplazan desde España a otros países como de personas que vienen a España y utilizan la infraestructuras turísticas y los viajes para explorar sexualmente a niños y niñas.