Sin acritud, que estamos negociando
La andanada | Pedro Vicente
El consenso en marcha para defender una «posición de comunidad» en torno a la financiación autonómica se dejó notar en la sesión parlamentaria celebrada ayer en las Cortes de Castilla y León. Más si cabe cuando, aparte de ese asunto, se sabe que el PSOE y la Junta mantienen conversaciones para limar asperezas sobre otros, tales como la Ordenación del Territorio o el conflicto de las guardias médicas nocturnas suprimidas en el ámbito rural.
En otras circunstancias la pregunta realizada por el portavoz socialista al presidente de la Junta –«¿qué va a hacer ante las continuas discriminaciones que Castilla y León está padeciendo por parte del Gobierno del señor Rajoy?»- hubiera desencadenado el consiguiente rifirrafe. Sin embargo, el tono afable con el que Óscar López enunció tales «discriminaciones» fue respondido por Juan Vicente Herrera de forma no menos cordial, lo que atenuó el alcance de las discrepancias. «Leal, pero no complaciente», fue la frase repetida por Herrera para definir la posición de la Junta en torno al Gobierno Rajoy. «Y yo he reconocido las políticas del Gobierno central que no me gustan», añadió a modo de prueba, señalando expresamente el problema de la minería del carbón y la reforma local. Por si no fuera evidente la buena sintonía reinante, ambos manifestaron su voluntad de seguir alcanzando acuerdos sobre cuestiones de comunidad.
Como quiera que IU está convocada a esos mismos consensos, el debate suscitado por su procurador en torno a los desahucios tampoco tensó el debate. Aunque en la formulación de su pregunta José María González aludía al decreto de la Junta de Andalucía, lo cierto es que en su intervención en ningún momento pidió a Juan Vicente Herrera que secundara esa iniciativa. Tras considerar «parche» el servicio de apoyo puesto en marcha de la Junta, González se limitó a pedir actuaciones más decididas, sin referirse para nada al decreto. En todo caso, Herrera se desmarcó completamente del mismo y defendió la eficacia del sistema de asesoramiento e intermediación montado por el gobierno autonómico.
Quien por el contrario defendió sin ningún complejo el decreto andaluz fue la procuradora socialista Ana Redondo . «Si se puede en Andalucía, se puede en Castilla y León», dijo defendiendo la necesidad de medidas excepcionales que atajen el drama social de los desahucios.
Si hace dos semanas los vecinos de Riaño volvieron a casa con el problema de la ESO resuelto, los trabajadores de Antibióticos que ayer se desplazaron a Valaldolid, regresaron a León sin motivos para el optimismo. En su respuesta a la pregunta del socialista Fernández Cardo , el consejero de Economía cargó duramente contra los directivos de la sociedad por ocultar a la Junta el procedimiento preconcursal instado en un juzgado madrileño. «No es serio y responsable, es una falta de respeto a unas administraciones que han prestado muchas ayudas pública a esa empresa», dijo Villanueva , al que Cardo acusó de «desidia, abandono y discriminación a las empresas de León».
Pero para visión contrapuesta la de Alejandro Valderas y el consejero de Educación sobre la situación económica de la ULE. «Es una Universidad bien financiada que no va a tener problemas para cumplir todas sus funciones», aseguró Juan José Mateos . «Siendo bibliotecario, recibí una vez un paquete y no era para nosotros, sino para el León de México. Oyéndole creo que a usted le pasa lo mismo y está hablando de otra Universidad», replicó el procurador leonesista.