La Junta cambia el sistema de contratación del suministro eléctrico de sus instalaciones para ahorrar un 10% de la factura
Se incluirá este servicio, que cada año cuesta al Gobierno autonómico 35 millones de euros, en la 'central de compras'
La Consejería de Hacienda modificará sustancialmente el sistema de contratación del suministro eléctrico en los edificios de la Administración autonómica para incluir este servicio en la central de compras implementada por la Junta con el objetivo de bajar la factura con las compañías, que en la actualidad asciende a 35 millones de euros anuales, en una cantidad en torno al 10 por ciento, según adelantó a la agencia Ical la titular de este departamento, Pilar del Olmo.
La próxima semana, el Bocyl publicará una orden para regular la adquisición centralizada del suministro eléctrico en todos los edificios e instalaciones pertenecientes a la administración autonómica, que van desde hospitales y centros de salud hasta colegidos, espacios deportivos y las oficinas de la propia administración. Se une, de este modo, a otros servicios que ya figuran en la central de compras como son el de seguridad y limpieza de los inmuebles o el de compras de mobiliario. En los próximos días también se incluirá el del suministro de gas natural para calderas y calefacciones.
Este proyecto, que permitiría ahorrar a la Junta en torno a 3,5 millones de euros al año en la factura eléctrica, tiene como objetivo principal la «optimización del precio de este servicio y su adecuación a las necesidades reales de cada uno de los inmuebles», según indicó Pilar del Olmo. Para ello, cada una de las instalaciones recibirá una aplicación informática, diseñada en exclusiva por el Ente Regional de la Energía, EREN, mediante la que podrán establecer sus necesidades reales de energía en cada momento del día y las diferentes tarifas en el mercado. A partir de estos datos, las entidades deberán solicitar a las empresas que se hayan inscrito previamente en un registro como suministradores de servicios de la Junta, una oferta vinculante por el contrato de suministro eléctrico asociado a estas necesidades concretas y elegir el más adecuado. No obstante, la consejera explicó que el precio pesará «un 90 por ciento» en la decisión final. Los contratos tendrán una duración de un año y serán improrrogables, por lo que cada doce meses los distintos organismos deberán analizar sus necesidades energéticas y volver a solicitar ofertas.
El desarrollo de este proyecto ha sido «muy largo y complejo» porque «también lo es el esquema de suministro eléctrico y busca que los distintos usuarios del Gobierno autonómico puedan «tener un ahorro económico y de tiempo, un sistema mucho más simple que el actual, donde cada uno contrata sin criterios comunes, y mucho más transparente». Una vez publicada la orden en el Bocyl, que se producirá de forma inminente, se procederá a la presentación de ofertas y su adjudicación. Con posterioridad, la Junta tiene previsto ofrecer este servicio a las diputaciones provinciales por si existe interés en los municipios, que tienen en el alumbrado público uno de ejes de gasto más onerosos, en acogerse a él.
En la actualidad, de los 35 millones de euros que gasta la Administración autonómica en suministro eléctrico, el 60 por ciento corresponde a hospitales y centros de salud; el 27 por ciento a centros docentes, mientras que el 13 por ciento restante corresponde al resto de edificios de la Junta, como bibliotecas, museos, delegaciones territoriales u oficinas de atención al cliente. El ahorro estimado por el Gobierno autonómico es del 10 por ciento anual.
De forma paralela a esta iniciativa, la Consejería de Hacienda está desarrollando experiencias pilotos en algunas áreas de edificios administrativos para sustituir las actuales bombillas por lámparas LED, que permitan también ahorrar en suministro.
En breve también, el Boletín Oficial de la Comunidad publicará la declaración de adquisición centralizada del suministro de gas natural en los edificios administrativos para que, igual que en el caso eléctrico, se produzca una contratación coordinada de este servicio, con el consiguiente ahorro. En este caso, de forma paralela, se ha iniciado ya una actuación conjunta con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para ir sustituyendo las calderas y calefacciones que vayan quedando obsoletas por otras que utilicen biomasa, dentro del plan de fomento de esta energía renovable en la Comunidad. «Analizamos primero la rentabilidad de una actuación de este tipo, pero siempre será mejor utilizar un producto autóctono como es la biomasa para generar riqueza dentro de la Comunidad», remarcó la consejera.