La gran estafa

Hasta que llegaron los años del apuro, estos días de octubre se ocupaban con el pregón presupuestario, una ceremonia que siempre tuvo aspecto de festín, con su postinera comparecencia presidencial y luego la novena de los repartos provincia a provincia. Ahora esa distracción ya da para muy poco. En quince días nos hemos fumado los prorrateos de Rajoy y los de Herrera, que predican un horizonte halagüeño a base de mermas y recortes practicados donde apenas queda ya nada que cercenar. Ese pregón y su estribillo de austeridad ya casi ni alientan la réplica de la leal oposición, muy aplacada por el peso de su responsabilidad en los orígenes de esta ruina y además afónica por lealtad al proceso de consensos. Aunque el principal consenso parece ser el referido al pacto de sordina sobre el infortunio de los ahorradores de Caja España Duero, atrapados en la trampa de las preferentes y otros productos igualmente tóxicos, perniciosos para su patrimonio y venenosos para su sosiego.

Los argumentarios políticos de temporada habían previsto entretener a la concurrencia con la prédica presupuestaria y su refutación, pero como han visto que no va a dar para mucho el pregón, ya calientan motores con los malabares de la balanza fiscal y su derivada financiación autonómica. Este enredo de la financiación es un sonajero que se agita cada cuatro años. Con mejor o peor cara, entonces lo aprueban todos, después de desvariar un rato, aunque enseguida lo van impugnando uno tras otro, porque resulta más barato atribuir penalidades al vecino o a la pésima conservación del empedrado, que asumirlas como resultado de la propia incapacidad para gestionar sin alborotos y con sentido común.

Como esa música de la financiación emplaza el debate para más allá de diciembre, mientras los más alterados se arrojan ya requisitorias y agravios, ahora empiezan a mostrarse los atropellos que traerá consigo la Reforma local emprendida por el gobierno Rajoy. Una norma improvisada que no sólo amenaza al singular tejido de las entidades locales, sino que pone las bases para que tengan que cerrar los consultorios médicos y las pocas escuelas que van quedando en los pueblos. De momento, quita a los ayuntamientos su cuidado y lo traspasa a la capital. Eso significa que abrir la puerta, encender la calefacción y hacer los arreglos de mantenimiento que correspondan, multiplicará varias veces su coste actual. Pero, a quién le importa, si vamos sobrados de cartera. El problema se agrava en cuanto se refiere a los servicios sociales prestados por Ceas y residencias de ancianos. Los proyectistas que elaboraron el bodrio legal desconocen cómo es la vida en los pueblos, pero los diputados y senadores de aquí, ¿tampoco saben o no se atreven?

Tanto ruido cruzado no consigue silenciar la dolorosa batalla de los ahorradores pillados en el engaño de las preferentes y demás mercancía pestosa. Este martes, el vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia calificó la venta de preferentes como «una gran estafa», a la vez que planteaba la exigencia de reparación del daño ocasionado y de responsabilidades a quienes organizaron la estafa. Sin medias tintas. La semana pasada también habló de estafa el Fiscal General del Estado. Pero lo hacen en su función de charlistas, cuando vienen de bolos a provincias. Luego se van y no mueven un papel. A los viejos angustiados, que les den.