Caimanes a la intemperie

L a agitación de los sondeos, con sus anticipos de cambio, apenas sobresalta el rutinario discurrir de nuestra pausa cotidiana, porque nadie olvida que aquí sólo nos alcanza el efecto de las mudanzas cuando la marea ya se entrega adormecida. Así que seguimos a lo nuestro, viendo desfilar por los juzgados a los cinco presidentes que enterraron las entidades de ahorro, después de tanto tiempo. Pareciera que se trata de un capítulo cerrado, si no fuera por la persistencia del clamor de los dañados, que repiten cada jueves su queja, y por estas comparecencias extemporáneas, un día en León, otro en Burgos, casi siempre en Madrid para los asuntos más gordos.

También creíamos clausurada, sin alcanzar sus objetivos, la reforma administrativa que ideara Gabriel Elorriaga en el seno de Faes, y que el gobierno encomendó a una comisión interministerial. Pero se ve que tampoco. En el otoño, Rajoy cifró el ahorro de la poda en más de catorce mil millones, y el pasado viernes, a la salida del consejo de ministros, Montoro, como un mozo, redondeó el logro en dieciocho. Con Soraya a su lado y sin inmutarse. A lo mejor, el ahorro es cierto, y no hay por qué desconfiar siempre del ladino Montoro. Pero apenas nada de aquellos pregones peregrinos de hace un par de años ha tenido cumplimiento. Ni se han reducido veintidós mil concejales ni han desaparecido mancomunidades. Tampoco las pedanías han visto sus comunales en subasta. Al menos, de momento.

Más bien, el ahorro se ha circunscrito a la enmienda de duplicidades y protuberancias en la administración central y autonómica, junto a un puñado de recortes. Un repaso de garlopa por las excrecencias más innecesarias y a otro sitio con ese cuento. El truco de las ventas apenas ha funcionado, porque lo prescindible que queda ya se aprecia muy poco. Así que todas las ciudades tienen en su periferia cuarteles abandonados por los que nadie puja. Con ejemplos tan elocuentes como el ya comatoso complejo Marqués de la Ensenada, de Medina del Campo. Por lo demás, pendientes de que se clarifiquen estas cuentas, parece que la raspa más sustanciosa tuvo que ver con la aplicación del sentido común en la contratación de servicios. Y la suma de muchos recortes. A veces hirientes.

Los desfiles judiciales de los responsables de las Cajas de Ahorros tienen un argumento bastante común, que los juristas califican como administración desleal. Cada cual con sus manejos. Los segovianos de Atilano se forraron el riñón con incrementos de sueldo y de pensiones, que al parecer van más allá de sus facultades. Pero esta es la semana en que toca comparecer a Santos Llamas, de Caja España, y a José María Arribas, de Caja Burgos. Ambos empresarios y practicantes del autocrédito, que desde luego es un uso con menos dificultades que ganarse la vida en el tajo. Lo llamativo de estas noticias, que saltan ahora, es que desvelan prácticas irregulares, que en el caso de Llamas supuso un perjuicio para la entidad de sesenta millones de euros, según cálculos del fiscal. Santos Llamas fue presidente de Caja España durante más de cuatro años, entre 2006 y 2010, y consejero de su banco hasta octubre de 2012. Buena parte del tramo de forma irregular. Sin que conste que le molestara con advertencias ninguno de los supervisores encargados del buen gobierno de la entidad.