Ruidos y enredos

L os palmetazos de la justicia tienen sus ecos, y cuando descargan sobre asuntos de corrupción, incluso secuelas. Como nuestra Cruz de Mayo vino este año zarandeada por el escándalo de la trama eólica, nadie podrá hacer mohines si nos toca transitar la primavera entre ruidos y enredos. La pillada eólica puso de inmediato en la parrilla los asuntos conexos del manejo pirata de la Perla Negra y el pelotazo rústico de Portillo, porque sus protagonistas son los mismos. Y trasladó la cabronada de Madrid a Valladolid, demostrando que en todas partes cuecen habas. Ahora incluso sabemos ya que la piada eólica ante el juez comenzará el 2 de junio, para agasajar a san Marcelino. Y ya entonces se hará insostenible, si no lo hubiera sido desde el principio, el despeje de la consejera portavoz Milagros Marcos, cuando dijo que la trama eólica no es corrupción política ni corrupción administrativa, sino transacciones económicas entre particulares y olé. Desde luego que es corrupción política asentada en trampas administrativas. Y su botín, cuantificado por la fiscalía en ochenta millones de eurazos, es una dentellada de tiburón en el patrimonio común que anda tan menguado. Es corrupción política porque se perpetró desde la esfera política y corrupción administrativa porque se ejecutó con engaño, violentado las normas mediante una triquiñuela declarada ilegal por la Intervención General del Estado.

A los efectos de cuantificar el daño, habría que sumar al importe de la mordida (que la consejera portavoz despacha como «transacciones económicas entre particulares», cual si fueran pellizcos monjiles) el sustancioso capítulo que los economistas llaman lucro cesante. Es decir, los beneficios sociales para la colectividad apropiados por los corruptos. Que no son migajas, por cierto. Así que peinando este primer bucle, concluyamos que la trama eólica es corrupción política, porque fue ejecutada por políticos durante su empleo público, y también administrativa, pues la jugarreta se perpetró durante años en el seno de la administración, sin que ninguno de los órganos encargados de vigilar su correcto funcionamiento (que no son uno ni dos, sino más bien legión) advirtiera la pillería del ardid puesto en práctica por Rafael Delgado para repartir chispazos entre sus adictos. Ni siquiera advirtieron los controladores la imprescindible caducidad del procedimiento arbitrado, a pesar de su vigencia más allá de un lustro.

Podrían parecer tiquismiquis leguleyos este tipo de excesos inadvertidos, pero no cabe aplicar ningún alivio de tolerancia cuando de su manejo criminal se deriva un daño a la colectividad que la fiscalía cifra antes del juicio en ochenta millones de eurazos. Desde luego, son mordiscos que dejan temblando nuestro bienestar. Y no volvamos a incurrir en la insultante frivolidad practicada con la ruina de las entidades de ahorro, a cuyo respecto hemos tenido que escuchar de boca de responsables públicos que sus destrozos no habían sido considerables. Repasando las fechorías cercanas del ahorro hasta ahora conocidas, su pillaje viene oscilando entre los ochenta y la centena, así que vamos a dejarnos de bromas. Que se sustancie la trama eólica, cuya vista ya tiene fecha para el 2 de junio, y que sigan el asunto pirata de la Perla Negra y el pelotazo de Portillo, pero que no se olvide el esclarecimiento de la ruina del ahorro en todas sus escalas: desde el alegre reparto de créditos a los afines, a la distribución ventajosa del parque inmobiliario de Caja España-Duero y al escrutinio de sus tarjetas opacas, que en Madrid llamaron negras.