La Generalitat no devolverá los ‘papeles de Salamanca’
El TSJC desestima la demanda planteada por un investigador particular .
Policarpo Sánchez, en una imagen de archivo. J. LÁZARO
Efe | Barcelona/Salamanca
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado la petición del investigador Policarpo Sánchez para que la Generalitat devuelva al Archivo General de la Guerra Civil los ‘papeles de Salamanca’ que aún no habían sido restituidos a sus propietarios.
En su sentencia, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal catalán desestima el recurso planteado por un particular, Policarpo Sánchez, contra la decisión adoptada en enero de 2014 por el entonces conseller de Cultura Ferran Mascarell, que se negó a devolver estos documentos, incautados durante la Guerra Civil y que fueron devueltos a partir de la Ley de restitución aprobada en 2005.
El demandante, un investigador y asiduo usuario del Archivo General de la Guerra Civil, en Salamanca, pidió que la Generalitat devolviera todos los archivos que le habían sido transferidos que no habían sido incautados en Cataluña, que no pudieron ser retornados a sus legítimos titulares o sucesores, que fueron entregados a personas que no guardan relación con sus propietarios originales y que no fueron digitalizados en su integridad.
Los detalles
El TSJC ha desestimado esta demanda por cuestiones técnicas del ámbito jurídico, al entender que el recurso no encaja en la acción popular y que la petición se plantea ante la Generalitat, que carece de competencias para resolver, ya que fue el Ministerio de Cultura quien autorizó la salida de estos fondos documentales a través de órdenes dictadas entre 2006 y 2011. En este sentido, Policarpo Sánchez sostuvo, en declaraciones a Efe, que la sentencia no le «quita la razón, ni entra a valorar los argumentos» que él esgrime para la devolución de aquellos documentos que la Generalitat mantiene «indebidamente» en su poder —unos 400.000, según ha denunciado en reiteradas ocasiones la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca que él preside—. Explicó que lo se desprende de la resolución es que la reclamación la tiene que hacer al Gobierno de España —«le traslada la pelota y la responsabilidad», apostilló el investigador— por ser la Administración competente. De este modo, aseguró que la «lucha continúa» y ha anunciado que iniciará un procedimiento administrativo con el Gobierno de España para que los documentos vuelvan a Salamanca confiando en «no tener que llegar a la vía judicial».
El TSJC impone al demandante el pago de las costas, por una cuantía de 1.500 euros.