Atentos al reloj
E nvizcados, que dijo el poeta, con la quincalla y camandulería crecientes del barullo catalán, que está donde estuvo y sin atisbos de mejora, dejamos que se consuman los días sin abordar asuntos importantes, cuyo abandono nos va a depositar en la intemperie, mientras cada grupo político de las Cortes se entretiene con su propio macramé, que además pretende convertir en propuesta colectiva. Acaba de pasar con la historia recurrente y siempre mal calibrada de los aforamientos, que casi son una singularidad española, al menos con ese alcance en el reparto de corazas.
Fue uno de los requisitos que iba en el pacto presupuestario de Ciudadanos con el PP, pero sin tocar a los gobernantes autonómicos, de manera que decae antes de entrar en discusión, por falta de consenso, ya que socialistas y podemitas aspiran a que el despojo incluya también a los gobernantes. Pero más allá de estos merodeos por los andurriales y afueras del cogollo, que expresan el impacto de lo sucedido en Cataluña sobre los partidos constitucionalistas, tenemos el repertorio de nuestras prioridades sin abordar y al parecer dispuestos a ir dejando pasar mes tras mes, hasta consumir la legislatura, mientras nuestros políticos miran para otro lado.
Un ejemplo de insoportable desdén parlamentario, en el que cotizan sin distingos todos los grupos (opositores, cooperantes y de gobierno), es la Ordenación del Territorio, cuya carta europea se aprobó en Torremolinos hace ya 35 años. Pongo la fecha para evitar el equívoco que mantiene su tramitación a medias, porque no es una ocurrencia ingeniosa de su impulsor, el vicepresidente José Antonio de Santiago-Juárez. Así que aplicarle la patada a seguir y mirar para otro lado, tendrá consecuencias graves para una Comunidad que se encuentra ya en vísperas de colapso de sus servicios esenciales.
Ni ocurrencia estival ni endemismo español. Todos los países desarrollados cuidan con esmero el despliegue de sus servicios esenciales en el territorio. El catedrático Antonio Reguera ha estudiado su evolución en la España contemporánea y los anhelos del despotismo ilustrado, que tanto se parecen al ensueño de algunos presidentes de Diputación actuales, cuyas trabas dieron el primer parón a una ley que pretende mejorar y garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos, vivan en las urbes o aguanten todavía en los pueblos.
El revuelo de los populares provinciales, que parece que acabó por prosperar en el grupo popular de las Cortes, apenas escondía el reproche a la Junta por desarrollar treinta años después una de sus competencias exclusivas, después de la tentativa fallida de 1998, y estuvo atizado por el arreón de un entonces pujante Montoro, quien trataba de meter el miedo en el cuerpo a los gestores públicos. Era el verano de 2012 y el gobierno de Rajoy ni olía las mermas que iban a venir. Los papeles para la poda los hizo un garito de consultoría, suprimiendo el treinta por ciento de los concejales, todas las Juntas Vecinales, y de propina, los Ayuntamientos que no anduvieran listos, pasarían a ser gestionados por su Diputación.
A Rajoy, que después del bachiller en León y el Registro en Villafranca, se fogueó como presidente de la Diputación de Pontevedra, aquel arreglo le hizo gracia y animó a la poda. Luego, los electores corrigieron el tajo, aunque sus secuelas alcanzaron al grupo socialista de las Cortes, que después de aprobar en 2013 la primera fase de la Ordenación, decidió apearse del consenso y dejar en desamparo a las zonas rurales de la Comunidad, las más necesitadas de protección.