Colgados de la brocha

Si el juez Muñiz Tejerina no quiere saber ni que se sepa qué manejos hubo en el sumidero que tragó la millonada de Caja España con que obsequiaron sus compinches al ilustre Santos Llamas, tampoco anda más despierto el gobierno a la hora de cumplir sus funciones básicas y prioritarias. Así que alcanzamos la Semana Santa arrastrando un conato presupuestario que sigue sin pasar la prueba de su refrendo o rechazo parlamentario, esquivando el compromiso, aunque aprovechando el vacío para el sorteo de favores, en el que siempre ganan los mismos.

No hay dinero ni afán presupuestario, pero no por eso se priva Montoro de repartir aguinaldos primaverales, que esta vez recaen en el colectivo funcionarial, al que también pertenecen por homologación como eventuales los políticos que pregonan su reparto. Ahora ya se entiende mejor el motivo de que todos estén tan contentines con el tío de los recortes al común de españoles, que surten la cesta con el doloroso goteo de sus impuestos. La perversión montorina consiste en convertir el presupuesto en una rifa, un manojo de ocurrencias con las que tentar y terminar atrayendo a su causa.

De esos tientos hemos aprendido con provecho que puede no haber dinero ni ganas para soterrar al tren en Valladolid, pero a continuación la entrega presupuestaria de los nacionalistas vascos lo hace aparecer para Bilbao, a la vez que una bronca ruidosa lo alcanza para Murcia. La incapacidad para hacer política de Rajoy y su gobierno va orientando con acometidas los jirones de un presupuesto todavía imaginario hacia lugares donde nada justifica que sea más necesario que en otros desechados. Es pura estrategia del burle activado con tirones.

Entretanto, ni el Pacto de Toledo por las pensiones ni el ya casi olvidado pacto educativo reciben la menor atención. A pesar de las protestas y de acontecimientos sangrantes, como la evidencia otro año más del desbarajuste en la prueba de acceso a la universidad, que cada autonomía perpetra como quiere, porque el gobierno de España declina su obligación constitucional de ejercer la coordinación política que iguale las oportunidades de todos los españoles en el acceso a la enseñanza superior.

De hecho, el salpicadero de la actualidad pone de manifiesto un día sí y el otro también el sesteo gubernamental, que a menudo se extiende a instituciones del Estado tan venerables como el propio Tribunal Constitucional. ¿Alguien puede entender la efervescencia creciente del debate sobre la prisión permanente revisable, mientras los altos funcionarios del Constitucional dejan dormir su fallo un año tras otro, acudiendo en cambio como perrillos falderos a cada requerimiento derivado de la catastrófica broma catalana? Supongo que no pretenderán hacernos creer que los crímenes que conmueven a la sociedad importan menos que los meneos de Puigdemont y su banda.

El recurso lo admitieron el 27 de julio de 2015, va para tres años, pero sin ninguna prisa en resolver, provocando gratuitamente revuelos como los de estos días en la red y en el propio parlamento. Responden estrictamente al principio de que ninguna inquietud social, por sangrante que sea, turbe su siesta, ya que ahí llegan para cuidar su descanso, no para atender prioridades distintas al capricho inmediato del gobierno. Al broche saleroso y resuelto del juez Muñiz Tejerina ha respondido la fiscalía recurriendo el sobreseimiento por prescripción ante la Audiencia y reclamando de paso su gestión diligente, que debe ampliar el foco de administración desleal de sus consejeros hasta 2012, por incumplir de forma tenaz y continuada las normas de funcionamiento del Banco de España y de la propia Caja.