Las Cortes pueden oficializar tras el verano este instrumento de comunicación
La Junta extenderá la lengua de signos con más intérpretes
El Gobierno de Castilla y León, a través de su presidente, Juan Vicente Herrera, se comprometió ayer a extender el uso de la lengua de signos para sordos en la comunid
Así se lo hizo saber Herrera a los presidentes de la Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE) y la Federación de Padres de Amigos del Sordo de Castilla y León (Fapascyl), Luis Cañón y Luis Alberto Redondo, respectivamente, con quienes se reunió en la sede de la Presidencia. El encuentro se enmarca en la campaña de sensibilización que la citada organización nacional mantiene en los últimos meses con los gobiernos de las distintas comunidades -faltan Asturias, Euskadi y Madrid- para que éstos reconozcan la oficialidad de la lengua de signos y, al mismo tiempo, insten al Gobierno de Aznar a que apruebe una ley básica reguladora del derecho a conocer este lenguaje que en España utilizan cerca de 100.000 personas, 6.878 de ellos en Castilla y León (un 4,6% de la población). Tras la reunión, el presidente de CNSE, Luis Cañón, explicó que el objetivo de este tipo de encuentros es el de sensibilizar a las administraciones sobre la necesidad de que la lengua de signos utilizada por los sordos obtenga un reconocimiento oficial y se potencie su aprendizaje, amén de facilitar su uso en todos los ámbitos de la vida, para que así las personas con discapacidad auditiva gocen de los mismos derechos que el resto y no sufran barreras de comunicación. Para ello, Cañón, en declaraciones recogidas por Europa Press, abogó por que el Gobierno apruebe una ley reguladora que, entre otras medidas, establezca un modelo educativo bilingüe en el que los niños sordos puedan simultanear el castellano y la lengua de signos, medida que el pasado día 23 de abril ya fue rechazada por el Senado. «El Gobierno central se opone porque considera que es necesario reformar la Constitución y por el coste que ello supondría, cuando nosotros defendemos que no es necesaria esa reforma y que es una inversión de futuro porque supone convertir políticas pasivas en activas», indicó Cañón. Sin embargo, en Castilla y León está previsto que la Consejería de Educación y las organizaciones nacional y regional de sordos mantengan un futuro encuentro para analizar la situación educativa de este colectivo, que aprovechará además para trasladar a Tomás Villanueva la posibilidad de crear un Centro de Educación Bilingüe en la Comunidad. Pocos intérpretes En Castilla y León actualmente hay 18 intérpretes de lengua de signos, 8 profesores de Educación Secundaria y 27 profesores sordos que cubren las nueve provincias, gracias al convenio entre la Gerencia de Servicios Socias y Fapas, si bien las organizaciones nacional y regional de sordos obtuvieron el compromiso del presidente de incrementar esta plantilla. Se trata de una necesidad apremiante, ya que si en toda España hay 100.000 sordos el número de intérpretes no supera el medio millar, es decir, un intérprete por cada 200 sordos, mientras que en países como Finlandia hay 1 intérprete por 10 discapacitados auditivos. El consejero de Sanidad de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, destacó la colaboración existente entre la Administración regional y Fapascyl, que integra a cuatro asociaciones de padres y amigos de sordos y a otras nueve asociaciones de discapacitados auditivos, colectivo al que en 2002 se destinarán ayudas por importe de 536.668 euros.