Los procesados por la Perla Negra se juegan 14 años de prisión desde el lunes
Se enfrentan a cargos de prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias y malversación
La exviceconsejera de Economía y expresidenta de Gesturcal Begoña Hernández. R. GARCÍA
El juicio del caso conocido como trama de la Perla Negra, en el que figuran doce encausados, exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios, se pondrá en marcha desde el próximo lunes 26 de febrero en la Audiencia Provincial de Valladolid. La vista oral se desarrollará durante veintiséis sesiones por la supuesta comisión de irregularidades en la compra por parte de la Junta del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), inmueble conocido como la Perla Negra, y la adquisición de terrenos del fallido parque empresarial de Portillo.
La Fiscalía considera provisionalmente que los hechos constituyen delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; malversación de caudales públicos y violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.
Penas entre 11 y 4 años de prisión
La solicitud de penas del Ministerio público en el caso, en el que también están personados la Junta de Castilla y León y el PSOE, oscila entre once años de prisión, las más elevadas, y cuatro años de cárcel las menores, mientras todas las defensas solicitan la absolución. La vista oral, por hechos que ocurrieron entre 2006 y 2010, comenzará con al exposición de cuestiones previas y las declaraciones de testigos y peritos, mientras los procesados serán los últimos en declarar en el juicio, cuya finalización está prevista en principio para el 8 de mayo.
Entre los llamados a comparecer en calidad de testigos en marzo se encuentran el expresidente de Castilla y León Juan Vicente Herrera, el día 14, la exconsejera de Hacienda Pilar del Olmo, el 12, y el exdelegado territorial de la Junta en Valladolid Pablo Trillo-Figueroa, procurador del PP en la actualidad, el día 5. La Fiscalía considera que los hechos en los que se cometieron supuestas irregularidades en la compra de la Perla Negra y la adquisición de los terrenos para el fallido polígono industrial de Portillo (Valladolid) «fueron propiciados desde la cúpula» « de la Consejería de Economía y Empleo, «cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva».
Propósito de beneficiar a mercantiles
Para la acusación pública, el propósito fue «beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 S.L. y Parque Empresarial de Portillo S.L.) y a los particulares que las gestionaban» que son seis de los doce encausados.
Para el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, la fiscal demanda un total de once años de prisión por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y revelación de secretos, este último en concurso con un delito de tráfico de influencias. En el caso de la exviceconsejera Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, el ministerio público pide también once años de prisión en cada caso por delitos continuados de malversación de caudales públicos y revelación de secretos, este último en concurso con un delito de tráfico de influencias.
Para otros dos investigados, Salvador Molina, exdirector gerente de Gesturcal, y Francisco Armero, exdirector financiero de Gesturcal, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión en cada caso por malversación de caudales públicos.
Considera al exdelegado de Excal Alberto Esgueva supuesto autor de un delito continuado de violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias, por el que pide seis años de prisión. La misma pena pide, por los mismos delitos, para Germán Martín Giraldo, exadministrador de la Promotora inmobiliaria Urban Proyecta; Ángel Román Montes, también de Urban Proyecta; Luis Antonio Recio, del Parque empresarial de Portillo; Francisco Esgueva, de Cementos La Bureba; Luis Ángel Rodríguez, del Parque de Portillo, y Carlos González, exconsejero del mismo Parque.
En concepto de responsabilidad civil, solicita el abono de una indemnización de forma solidaria y conjunta a la Administración autonómica en la suma que supuestamente fue desviada a favor de las mercantiles citadas, calculada en 16.138.911,47 euros, sin perjuicio de lo que resulte de las pruebas que se practiquen en el juicio.
El juicio ya estuvo señalado anteriormente, aunque fue aplazado, debido a que la Audiencia de Valladolid ordenó devolver al Juzgado de Instrucción la causa para que entregara toda la documentación existente, en papel y digital, a los abogados de los encausados. La Audiencia optó así porque todas las partes contaran con la misma documentación,