Clemente considera «un atropello y un destrozo» la devolución

La consejera de Cultura de Castilla y León, Silvia Clemente, denunció ayer la «inconstitucionalidad» de la Ley de Restitución a la Generalitat de determinados documentos conservados en el Archivo de la Guerra Civil, por el «trato discriminatorio» que dispensa a otras comunidades solicitantes. «Mientras que a Cataluña se le devuelven los documentos directamente, la misma ley establece para el resto de las comunidades autónomas un procedimiento distinto que ha de fijar el Gobierno de la nación», dijo la consejera a los periodistas al conocer la respuesta parlamentaria de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, al senador del PNV Francisco Javier Maqueda. Para Clemente, este doble sistema, «que no representa ninguna novedad, puesto que está avalado por la propia Ley de Restitución», supone «una discriminación de trato que infringe la Constitución en su artículo número nueve», que asigna a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Precisamente, añadió la consejera, esta cuestión ha basado parte del recurso presentado por la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Constitucional contra la referida Ley de Restitución. Ese tribunal, concluyó Clemente, «es el único que puede parar el atropello y destrozo» en que a su juicio se ha convertido la devolución al Parlamento y al Gobierno autonómico de Cataluña de quinientas cajas de documentos que hasta el pasado 19 de enero se conservaban en el Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca. Dimisión de Caldera Por otra parte, el secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó ayer la dimisión del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el salmantino Jesús Caldera, al considerar que ha emitido «reiteradas mentiras» a los ciudadanos «salmantinos, castellanos y leoneses y españoles» en relación al Archivo.