Por la integridad del archivo

LOS GRUPOS parlamentarios del Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Leonés (UPL) han aprobado por mayoría una resolución en las Cortes de Castilla y León en defensa de la unidad del Archivo Estatal de la Guerra Civil, no de Salamanca, sino en Salamanca. Entre otros aspectos, dicha resolución llama a los diversos «colectivos sociales e institucionales» de la comunidad para que fijen una clara actitud al respecto. Pues bien, en respuesta a dicha convocatoria, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua se manifiesta, sin ninguna reserva, a favor de la unidad de este y de cualquier otro archivo o entidad de carácter estatal, patrimonio común de todos los españoles, sin distinciones de ninguna clase. El Instituto, además, respeta, pondera y apoya el trabajo de los profesionales que desarrollan su actividad en ese Archivo Estatal de la Guerra Civil, herederos de un almacén de legajos y publicaciones en buena medida sin clasificar, en un tiempo por fortuna ya superado puesto al lamentable servicio de la represión política fraticida, que merced a su esfuerzo se ha transformado en un centro de investigación moderno, acreditado y solvente. Además, el Instituto entiende que romper esa unidad entrañaría una alteración grave de la memoria histórica, porque ese archivo, en su actual situación, ejemplifica y demuestra la verdadera condición del régimen franquista, que resultaría cuando menos atenuada de procederse a la dispersión de sus fondos. Consciente del saqueo a que fue sometido el gran patrimonio histórico-artístico y bibliográfico de Castilla y León, y otras zonas de España, durante el recién pasado siglo XX, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua considera conveniente llamar la atención sobre la peligrosa espiral de peticiones cruzadas que en tan triste sentido pudiera desencadenarse. Si algunas personas e instituciones se sienten asistidos por el derecho y la razón política a la hora pedir la disgregación del Archivo Estatal de la Guerra, instalado en Salamanca, esas mismas personas e instituciones de ninguna manera debieran extrañarse de recibir, en sentido contrario, similares demandas. En estricta aplicación de esa lógica separadora, ni pinturas murales de un histórico monasterio burgalés tendrían que lucir en museos públicos de Cataluña ni habría lugar en las salas del Museo Marés de Barcelona para muchas de las mejores piezas que allí se exhiben, de mala manera «capturadas» con toda suerte de agravantes a través de las castigadas tierras de Castilla y León durante los duros años de la post-guerra. Déjense las cosas como están o procedamos a reordenar el conjunto. De llegarse a tal coyuntura, a nuestro entender indeseada, tal vez saltasen más sorpresas de las que sus inductores esperarían. Diálogo, sí, siempre, pero diálogo abierto, con flexibilidad y sin imposiciones previas, porque no cabe hablar de diálogo cuando de antemano se acotan los términos a debate y se dicta la conclusión. Eso, en castellano derecho, conoce otro nombre, bastante evidente. Así pues, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua se declara al lado de las Cortes de Castilla y León y apoya las explícitas declaraciones de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, en defensa de la unidad del Archivo Estatal de la Guerra, localizado en Salamanca pero no de Salamanca, porque es patrimonio común del conjunto de los españoles.