El Gobierno y la Generalitat, pendientes del conflicto

El problema es que si unos y otros no se ponen de acuerdo en nombrar un arbitraje obligatorio para resolver el conflicto tendrá que hacerlo el Ejecutivo, y para eso debería reunirse el Consejo de Ministros, cosa que no obstante podría ocurrir el próximo viernes 18 en función de cómo se desarrolle en paralelo la estrategia independentista en Cataluña, el otro foco que más preocupa al gabinete de Mariano Rajoy este verano.

Pendiente de recibir un informe de la Abogacía del Estado al respecto, la decisión final debería contar en cualquier caso también con el respaldo de la Generalitat, que es la administración con competencias laborales sobre El Prat. Según el Real Decreto Ley 17/1977 (avalado en su mayor parte por el Tribunal Constitucional en 1981), el Ejecutivo puede imponer dicho arbitraje si concurren una circunstancias excepcionales, entre las que se encuentran los «perjuicios graves» que puede provocar la huelga para la economía española, la duración de los paros —en este caso indefinidos— y la posición de las partes —esto es, las opciones de que puedan alcanzar un acuerdo por su cuenta, algo que parece improbable a la vista de lo sucedido las dos últimas semanas—.Esta figura, aunque controvertida, ya se ha utilizado anteriormente en otros enfrentamientos laborales como, por ejemplo, en las negociaciones entre Iberia y el sindicato de piloto Sepla en 2013 con motivo del severo plan de reestructuración y ajuste de la plantilla de la aerolínea. En todo caso, el ministro De la Serna ya advirtió el sábado a los vigilantes de Eulen de que la votación de este domingo era su «última oportunidad» para evitar el arbitraje forzoso.